Bruselas quiere subir la fiscalidad de los combustibles
La Comisión Europea aprobó ayer una propuesta para aumentar los actuales mínimos del impuesto especial sobre los combustibles. Esta propuesta, que dispararía el precio de las gasolinas en España, deberá pasar ahora el cedazo del Consejo de Ministros comunitario.El promotor de la idea, el comisario de Mercado Interior, Mario Monti, italiano, recordó ayer que con su propuesta no hace más que seguir las directrices avaladas por el Consejo Europeo de Dublín y que esta nueva política permitirá mejorar el medio ambiente y aumentar la creación de empleo.
La propuesta de Monti consiste en aplic...
La Comisión Europea aprobó ayer una propuesta para aumentar los actuales mínimos del impuesto especial sobre los combustibles. Esta propuesta, que dispararía el precio de las gasolinas en España, deberá pasar ahora el cedazo del Consejo de Ministros comunitario.El promotor de la idea, el comisario de Mercado Interior, Mario Monti, italiano, recordó ayer que con su propuesta no hace más que seguir las directrices avaladas por el Consejo Europeo de Dublín y que esta nueva política permitirá mejorar el medio ambiente y aumentar la creación de empleo.
La propuesta de Monti consiste en aplicar una subida gradual del actual impuesto de las gasolinas en tres fases (1998, 2000 y 2002) y ampliarlo a sectores energéticos en los que hoy no existe, como el gas natural, el carbón y la electricidad.
El aumento de los actuales límites tendría un impacto enorme para España. Si los precios del crudo se mantuvieran estables, la gasolina sin plomo pasaría de las 117 pesetas por litro actuales a 128,5 en el año 1998; 132,7 en el 2000 y 142,2 en el 2002. El impuesto sobre la gasolina con plomo será libre, pero siempre deberá estar por encima del de la gasolina verde. El gasóleo subiría de 97 pesetas a 105,6, 111,98 y 121,45 en los mismos plazos.
Monti se declaró ayer contrario a aumentar los periodos transitorios que ofrece la Comisión a los países para adaptarse al nuevo sistema, aunque admitió que su propuesta puede ser modificada por el Consejo de Ministros, y rechazó un pacto con plazos más amplios para los países con más problemas como España.
El problema de España es que ninguno de los grandes países de la UE se ven directamente afectados por la subida, ya que sus impuestos actuales están ya por encima o rondando los mínimos que propone Bruselas. Aunque España tiene derecho de veto porque los temas de fiscalidad deben aprobarse por unanimidad, su posición de partida es débil al ser, junto a Luxemburgo y Grecia, el país más perjudicado.