Los defensores de una reforma laboral dura imponen su tesis en el Gobierno y la patronal
La línea dura del Gobierno y la patronal han impuesto su tesis para aplicar una reforma laboral drástica. La última propuesta y, si nadie lo remedia, definitiva de la CEOE demuestra que su presidente, José María Cuevas, y el jefe del Ejecutivo, José aría Aznar, han atendido las sugerencias quienes aconsejan un cambio profundo ,el mercado laboral, basado en el abaratamiento del despido. Miguel Boyer y José Barea son algunos de los expertos que han planteado a Aznar la necesidad de una reforma contundente como requisito imprescindible para lograr la convergencia. Si este martes se produce el def...
La línea dura del Gobierno y la patronal han impuesto su tesis para aplicar una reforma laboral drástica. La última propuesta y, si nadie lo remedia, definitiva de la CEOE demuestra que su presidente, José María Cuevas, y el jefe del Ejecutivo, José aría Aznar, han atendido las sugerencias quienes aconsejan un cambio profundo ,el mercado laboral, basado en el abaratamiento del despido. Miguel Boyer y José Barea son algunos de los expertos que han planteado a Aznar la necesidad de una reforma contundente como requisito imprescindible para lograr la convergencia. Si este martes se produce el definitivo fracaso del diálogo patronal-sindicatos, el Gobierno tomará el relevo en la reforma.
Dentro del Gobierno, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, se ha quedado prácticamente sólo defendiendo un acuerdo entre patronal y sindicatos. Incluso el pasado viernes, cuando se demostró que las discrepancias son casi irreconciliables, su equipo mantenía los últimos encuentros con los líderes sindicales para intentar buscar vías de aproximación.Arenas tiene, incluso, preparados ya papeles ante una eventual ruptura entre patronal y sindicatos, momento en que se debe producir la intervención del Gobierno para legislar unilateralmente. Esos documentos contienen propuestas que están a mitad de camino entre las de CEOE y los sindicatos. La incógnita es si prosperarán o pasarán al archivo de las buenas intenciones.
Porque hay otros criterios bien diferentes en el seno del Ejecutivo. Los sindicatos están convencidos de que el vigepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, lidera la línea contraria al acuerdo. Además, José Batea, director de la Oficina Presupuestaria, y Miguel Boyer, ex ministro de Economía y ex militante del PSOE, han defendido ante el presidente del Gobierno y otros miembros de su gabinete que la convergencia europea y la entrada en la unión monetaria exigen una reforma profunda del mercado laboral. Y, sobre todo, la necesidad de situar todas las indemnizaciones por despido en 20 días por año trabajado.
Esas tesis se han trasladado casi calcadas a la mesa de diálogo entre patronal y sindicatos. La CEOE ha presentado como última propuesta un abaratamiento del despido improcedente desde 45 días a 25 por año trabajado cuando haya causas objetivas, aunque no sean demostradas por el empresario. El tope sería de 12 mensualidades, el mismo que se aplica a los despidos objetivos. Eso significa que la indemnización de 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, quedaría restringida a los casos de violación de derechos fundamentales por parte del empresario (despidos disciplinarios improcedentes).
Esa propuesta contrasta con lo que defendieron José María Cuevas y los negociadores de la patronal hasta finales de diciembre, en todo el debate previo que mantuvieron con los responsables de UGT y CC OO para realizar el diagnóstico sobre los males que aquejan al mercado laboral. Entonces, otros miembros de la patronal, como Confemetal, la banca y, sobre todo, Joan Rosell, presidente de la organización catalana Fomento del Trabajo, reclamaban abaratar el despido y una reforma profunda.
En la última semana, esa línea de dureza la ha defendido con firmeza en la mesa negociadora el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar. Pero las cosas empezaron a cambiar de rumbo antes. El pasado 12 de febrero, los líderes de CC 00 y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, escucharon atónitos en la sede del Consejo Económico y Social (CES) como el presidente Aznar rompía su compromiso de no interferir en las negociaciones y pedía que éstas finalizasen en unos días y, además, avanzaba que no estaba dispuesto a aceptar cualquier acuerdo. Esas declaraciones se producían apenas dos días después de la reunión entre el líder del PSOE, Felipe González, y Cándido Méndez, que sentó muy mal en el PP. Y tras el comunicado de CC OO criticando la plataforma digital del Gobierno, que sentó igual de mal.
A partir de entonces todo se ha torcido y parece muy difícil que se pueda enderezar de aquí hasta el próximo martes.
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