Cuatro jueces, investigados por parar una demanda contra otro magistrado

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que se investigue a los cuatro jueces de Las Palmas de Gran Canaria denunciados por una madre por irregularidades en la tramitación de su demanda de paternidad contra otro magistrado que ejerce en la misma capital y que es candidato a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre las irregularidades denunciadas figura el archivo de la demanda y el retraso de nueve meses en resolver la apelación contra el archivo.

La denuncia fue presentada ante el CGPJ en diciembre último por Concepción Coito Pablo (véase ...

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que se investigue a los cuatro jueces de Las Palmas de Gran Canaria denunciados por una madre por irregularidades en la tramitación de su demanda de paternidad contra otro magistrado que ejerce en la misma capital y que es candidato a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre las irregularidades denunciadas figura el archivo de la demanda y el retraso de nueve meses en resolver la apelación contra el archivo.

La denuncia fue presentada ante el CGPJ en diciembre último por Concepción Coito Pablo (véase EL PAÍS del 19 de diciembre de 1996), madre de un menor del que, según ella, es padre biológico el magistrado Fernando de Lorenzo Martínez, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, desde hace unos días, candidato a la vacante de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.La denunciante acusa de "conductas totalmente irregulares en el desarrollo del procedimiento" tanto al juez de primera instancia número 5 de Las Palmas, Juan Francisco Martel Rivero, que archivó la demanda en noviembre de 1995, como a los tres integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que vieron la apelación el 21 de marzo de 1996 y nueve meses después no la habían resuelto.

Dilaciones indebidas

Coito denuncia a estos tres últimos magistrados -Antonio Juan de Castro Feliciano, presidente de la sección; Pedro Marcelino Rodríguez Rosales y Silvia Abello Maeso-, por "las dilaciones indebidas que escandalosamente se están produciendo", dice, calificadas por la ley orgánica del Poder Judicial como falta muy grave. Recuerda que también es falta muy grave "la inobservancia del deber de abstención".La comisión disciplinaria del CGPJ acordó esta semana abrir diligencias informativas previas al expediente disciplinario a iniciar, en su caso, contra los jueces denunciados. La investigación tendrá que dilucidar si constituye una irregularidad el archivo de una de manda de paternidad acogiendo el criterio del demandado de que "no tiene contenido", por haber iniciado él, al margen del proceso, un expediente de reconocimiento del menor, que no ha culminado por no consentirlo la madre.

Asimismo, el CGPJ investigará si los trámites realizados para conocer si la representante legal del menor consentía el reconocimiento de su hijo -iniciado por el padre en 1995 por una vía ajena a la demanda-, justifican el retraso de más de nueve meses en resolver el recurso de apelación contra la decisión de archivarla.

Por su parte, la madre y denunciante recuerda que el 11 de julio de 1996 compareció ante el Registro Civil de Madrid, donde se levantó acta de que "no puede contestar al requerimiento, puesto que está esperando que se dicte sentencia en la apelación civil número 601/1995, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas". Asimismo, consta que calificó de "tomadura de pelo el requerimiento", cuando la demanda de paternidad se produjo precisamente por la negativa del demandado al "reconocimiento voluntario y extrajudicial".

Coito recuerda que, tras haber convivido con De Lorenzo entre 1988 y 1991, año en que nació el hijo de ambos, en 1993 su abogado Francisco Martín del Río propuso al magistrado una solución amistosa que evitara tener que acudir a los tribunales. La respuesta fue una carta del abogado de Fernando de Lorenzo, en la que se recordaba la importante personalidad de éste y se sugería que la madre intentaba "un posible affaire económico". La respuesta de Coito fue considerar la carta "indignante" y dar por "agotada la vía amistosa".

Prueba biológica positiva

En 1994 se presentó en Palmas la demanda de paternidad, que contenía una serie de pruebas sobre los tres años de convivencia, incluidos viajes, cartas, fotografías y testimonios de familiares y amigos comunes. En 1995, la tramitación de la demanda se suspendió de común acuerdo para realizar en Madrid la investigación biológica de la paternidad, que dio un resultado positivo. Sin embargo, De Lorenzo no se avino a la reclamación, sino que inició entonces una vía jurídica ajena al proceso para el reconocimiento del menor.A la vista de esta iniciativa -sin éxito, porque la madre insiste en la vía judicial-, el juez Martín Rivero archivó el caso, por entender que se ha producido "una satisfacción extraprocesal de la pretensión" que justifica "la finalización del proceso" en el procedimiento contencioso-administrativo. Coito apeló contra el archivo y su abogado argumentó que la ley de lo contencioso- administrativo no es extrapolable a un proceso civil de investigación de la paternidad.