Estabilidad, en suma

LA INFLACIÓN española registró un descenso espectacular en 1996. Los precios se han situado en el 3,2%, por debajo del objetivo establecido del 3,5%, acontecimiento histórico en una economía tan inflacionista como la española. No es ésta la única circunstancia favorable; la insólita mejoría de la inflación permite estrechar el diferencial con las economías más estables de la UE, aquellas que servirán finalmente de referencia en la evaluación de la convergencia nominal. Además, la llamada inflación subyacente, que recoge la evolución de los precios, excluidos los energéticos y los de los alimen...

LA INFLACIÓN española registró un descenso espectacular en 1996. Los precios se han situado en el 3,2%, por debajo del objetivo establecido del 3,5%, acontecimiento histórico en una economía tan inflacionista como la española. No es ésta la única circunstancia favorable; la insólita mejoría de la inflación permite estrechar el diferencial con las economías más estables de la UE, aquellas que servirán finalmente de referencia en la evaluación de la convergencia nominal. Además, la llamada inflación subyacente, que recoge la evolución de los precios, excluidos los energéticos y los de los alimentos sin elaborar, permite avanzar que en los próximos meses se mantendrá la tendencia descendente de la inflación. Los precios del año pasado han confirmado la excelente evolución de las magnitudes que dibujan la estabilidad económica del país, imprescindible para estar en la Unión Monetaria en 1999.Los beneficios que se derivan de una inflación baja son de todos conocidos: costes más reducidos, condiciones más firmes para la gestión empresarial... Estabilidad, en suma. Tras las excelentes noticias sobre la inflación, la cuestión inmediata es si existe margen para recortar todavía más los tipos de interés. La respuesta más posible es que sí, aunque haría bien el Banco de España en asegurarse de que el Bundesbank, el Banco de Francia y otros colegas europeos bajan también el coste del dinero. Tal precaución es necesaria, porque 1997 es el año clave, en el que habrá que responder al examen de convergencia; no hay tiempo ya para experimentos ni aproximaciones.

El análisis de la evolución del IPC en 1996 muestra que su control se ha fundamentado, especialmente en España, en el debilitamiento del consumo, producido a su vez por la persistencia de incertidumbres graves en el comportamiento económico de las familias-precariedad en el empleo a corto plazo, dudas sobre las pensiones de jubilación a medio y largo plazo-. Además, en la contención de los precios desempeña un papel fundamental la apreciación de la peseta en un marco general de contención del coste de las materias primas. Por fin, es de justicia destacar el buen comportamiento que han tenido los salarios durante un año más, del que debe quedar constancia para el caso de que se repitan las acusaciones contra la inflación derivada de los costes laborales.

Porque sería un error considerar que está todo hecho o que la tendencia es suficiente para encarrilar la convergencia sin mayores esfuerzos. A pesar de la espectacularidad deflacionista, el camino recorrido es sólo parcial. Es más que probable que el umbral de admisión (1,5 puntos sumado al promedio de los tres países más estables) se reduzca aún más, debido a la atonía que se observa en la recuperación económica en toda Europa, especialmente en el consumo privado. Con lo cual estaríamos ante la paradoja de que un país, tradicionalmente entre los más inflacionistas de Europa, recorta a grandes pasos sus precios sin poder acercarse lo suficiente a los países de referencia, que también están profundizando en los recortes de los precios.

Por tanto, no debe el Gobierno caer en el triunfalismo ni en la tentación fácil de atribuirse todos los méritos de la moderación inflacionista, tal como se recomienda descaradamente en algunas columnas periodísticas abonadas a la hagiografía. Es difícil encontrar rastros de una política antiinflacionista en el área económica del Ejecutivo, como no sea la contención de las subidas de tarifas, que ya practicaron Gobiernos anteriores, y unas supuestas liberalizaciones en algunos servicios que han resultado fracasadas. Debido a la ausencia de auténticas reformas estructurales, reclamadas desde los sectores más sensatos de la economía, la única barrera inflacionista decidida desde la autoridad económica ha sido y es la política monetaria; que por cierto, no es responsabilidad del equipo económico de Aznar.