Los secretos de la ONU

En el corto espacio de un mes, la sede central de las Naciones Unidas ha silenciado total o parcialmente la divulgación pública del contenido de dos informes. El primero, fechado a finales de octubre, era el informe de la Comisión que investiga el tráfico de armas a la región de los Grandes Lagos. Pero gracias a una oportuna filtración del documento, hemos sabido de la existencia de 11 países investigados que no han querido facilitar ningún tipo de datos a dicha Comisión. El segundo informe es el referido a las repercusiones de los conflictos armados en la población infantil, y del que se han ...

En el corto espacio de un mes, la sede central de las Naciones Unidas ha silenciado total o parcialmente la divulgación pública del contenido de dos informes. El primero, fechado a finales de octubre, era el informe de la Comisión que investiga el tráfico de armas a la región de los Grandes Lagos. Pero gracias a una oportuna filtración del documento, hemos sabido de la existencia de 11 países investigados que no han querido facilitar ningún tipo de datos a dicha Comisión. El segundo informe es el referido a las repercusiones de los conflictos armados en la población infantil, y del que se han censurado los anexos que identifican a los cascos azules autores de violaciones y de fomentar la prostitución infantil.Era evidente que la publicación de cualquiera de los dos informes iba a tener repercusiones políticas directas en los países denunciados o puestos en cuestión, ya sea por haber suministrado armamento de forma ilegal o por tener tropas en misiones de paz cometiendo serias violaciones de los derechos humanos. El primer informe finalizó, además, en un momento de profunda crisis en el Zaire, en plena discusión sobre si había que formar una fuerza multinacional que garantizara la distribución de ayuda humanitaria, y en la que a buen seguro habría países acusados de haber vendido armamento a la zona. En cuanto al informe Machel, el descrédito sobre la propia ONU y los cascos azules resulta inevitable, aunque se trate de hechos que afecten a un porcentaje pequeño del contingente que presta servicios en operaciones de paz. Es posible, además, que Estados Unidos tenga un gran interés en desacreditar la gestión del aún secretario general de la ONU, y darle la estocada final agitando el contenido de los informes. Pero a pesar de todo ello, lo cierto es que el descrédito se produce igualmente con el secretismo y la ocultación de los datos.

Lo más grave de esta censura es que la falta de transparencia concede impunidad a los transgresores de la ley. La no publicación oficial del informe sobre las transferencias de armas estimula la continuación de este comercio en zonas de conflicto y, como se ha visto en el caso español, fortalece la voluntad de muchos Gobiernos de no divulgar si han vendido armas a los Grandes Lagos en los últimos años, produciéndose una lamenable complicidad entre traficantes, Estados y organismos internacionales para guardar secretos, aunque maten.

Los cascos azules que han cometido violaciones o han participado en la organización de redes de prostitución no tendrían impunidad si Naciones Unidas divulgara lo que sabe. La ONU no tiene potestad para juzgar y castigar los delitos cometidos por los cascos azules, pero la transparencia de sus informes permitiría que las opiniones públicas de los países implicados reclamaran una rápida y justa actuación judicial en sus respectivos países. Ésta es la virtud de la transparencia. El secreto, por el contrario, amplía la responsabilidad de los delitos hasta quienes amparan el silencio, enturbia la respuesta a la cuestión de "quién nos protegerá de nuestros protectores", e impide trazar una clara línea divisoria entre quienes violan los derechos humanos y quienes los protegen y cumplen.

En 1993, la organización Human Rights Watch editó un interesante estudio sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte e los cascos azules. Un año después, Aministía Inernacional publicó un programa de 5 puntos para introducir los derechos humanos en as operaciones de paz. Ambos documentos hacían referencia tanto a la necesidad de auentar el componente de derechos humanos en todas las misiones de la ONU, como a la urgencia de terminar con la impunidad de aquellos que participando en misiones de paz cometen serias violaciones de derechos humanos. Pero la mitificación que todos los Estados hacen de sus cascos azules y de su participación en tareas humanitarias, ha impedido que hasta ahora se hayan puesto en marcha los mecanismos que eviten esa impunidad.

Los escándalos provocados por los dos informes a que hemos hecho referencia deberían servir al menos para terminar con los secretos de la ONU y abordar con valentía y realismo lo bueno y lo malo de las operaciones de paz, algo que sólo será posible mediante una completa transparencia de la misma información generada desde Naciones Unidas.