1.500 menores desamparados viven en residencias de la Comunidad

Bienvenida, la recién nacida abandonada en un contenedor de obra en agosto; Álvaro, el bebé de 40 días a quien sus padres rompieron la cabeza en plena calle; una, niña de Móstoles que denunció a sus padres por malos tratos. Los tres tienen nueva compañía. Mil quinientos niños desamparados están internados en centros de la Comunidad de Madrid.Unos 800 menores -el 55%- proceden de casos en que la Administración regional retiró, fundamentalmente por falta de cuidados, la tutela a los padres en contra de su voluntad. Otros 700 son críos cuyos progenitores, por problemas económicos, psiquiá...

Bienvenida, la recién nacida abandonada en un contenedor de obra en agosto; Álvaro, el bebé de 40 días a quien sus padres rompieron la cabeza en plena calle; una, niña de Móstoles que denunció a sus padres por malos tratos. Los tres tienen nueva compañía. Mil quinientos niños desamparados están internados en centros de la Comunidad de Madrid.Unos 800 menores -el 55%- proceden de casos en que la Administración regional retiró, fundamentalmente por falta de cuidados, la tutela a los padres en contra de su voluntad. Otros 700 son críos cuyos progenitores, por problemas económicos, psiquiátricos o sanitarios, pidieron a la Comunidad que se hiciera cargo de sus hijos.Aunque la cifra de niños víctimas de la violencia no alcanza los 15 al año, unos y otros han sufrido situaciones límite en las que han campado la miseria, la droga o simplemente la ignorancia; una frontera cuyo control recae en el recién creado Instituto Madrileño del Menor y la Familia, antes Imain (Instituto Madrileño de Atención a la Infancia), dependiente de la Comunidad, entre cuyas atribuciones figura ejercer la denominada tutela automática. Esa medida implica la separación forzosa e inmediata de padres e hijos, cuya custodia pasa a la Administración. Sólo se aplica, según el organismo, en los casos de urgencia, en aquellos en los que peligra la vida del menor. Son situaciones como la vivida en agosto por el pequeño Álvaro, a quien sus padres, alcohólicos, tras romperle la cabeza durante una discusión en la calle, se lo llevaron, ensangrentado, a un bar para tomarse unos cubatas.

"La retirada de tutela es una situación violenta. Por eso, antes de aplicar esa medida drástica se intenta resolver el problema, siempre y cuando no haya peligro inminente para el niño", dice un portavoz. Esta vía lenta, la más aplicada en la tutela administrativa, implica una investigación del caso, así como un contacto previo con los padres. "Se interviene, con ayuda de los servicios sociales, para que desaparezcan las causas del problema. Por ejemplo, si es una situación económica, se busca algún tipo de ayuda; si es adicción a las drogas, se trata de que se desintoxiquen, o si se debe a falta de higiene, se les informa. Ahora bien, si no se consiguen los objetivos, se les retira al niño", explicaron en la Comunidad.

Una vez que la tutela pasa al instituto, el menor entra en uno de los 26 centros de los que dispone la Comunidad. Allí, el pequeño pasa a manos de un equipo de expertos, entre los que se encuentran pedagogos, psicólogos y sanitarios. El tiempo de estancia depende de la subsistencia del problema que dio origen a su internamiento. Si éste se resuelve, entonces el crío vuelve con sus padres, aunque sin que desaparezca el control de la Administración. En caso contrario , pueden llegar en régimen de internamiento hasta la mayoría de edad, momento en el que pueden entrar en un piso de acogida.

Una vía intermedia es la denominada tutela familiar, por la cual a los padres se les retira la tutela, pero el menor, en vez de ser internado, es puesto a disposición de un familiar cercano, como los tíos, que asegure un desarrollo sin riesgo. Este caso es considerado el más frecuente.

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