El juez Garzón acusa al Gobierno de bloquear el sumario de los GAL

Baltasar Garzón, juez del caso Oñederra, dictó ayer un auto en el que advierte a los "funcionarios, parlamentarios, jueces y personas en general" la obligación que tienen de facilitar a la justicia cuanto conozcan del contenido delictivo de los papeles del Cesid. No obstante, él, de momento, no ha citado a nadie. El magistrado acusa al Gobierno de entorpecer la labor de los jueces y de instaurar una especie de "manto de impunidad" en torno a una actividad presuntamente delictiva por su negativa a desclasificar documentos de los GAL.

Para el juez instructor de los cuatro primeros asesina...

Baltasar Garzón, juez del caso Oñederra, dictó ayer un auto en el que advierte a los "funcionarios, parlamentarios, jueces y personas en general" la obligación que tienen de facilitar a la justicia cuanto conozcan del contenido delictivo de los papeles del Cesid. No obstante, él, de momento, no ha citado a nadie. El magistrado acusa al Gobierno de entorpecer la labor de los jueces y de instaurar una especie de "manto de impunidad" en torno a una actividad presuntamente delictiva por su negativa a desclasificar documentos de los GAL.

Para el juez instructor de los cuatro primeros asesinatos de los GAL, algunos de los documentos secretos del Cesid constituyen delito en sí mismos -principalmente el de fundación de organización terrorista y colaboración con la misma-, mientras que otros son importantes ele mentos de prueba para demos trar la existencia de actos ilícitos.El auto señala que el Consejo de Ministros, al negarse a desclasificar estos documentos, "no ha podido decir, porque legalmente no podía hacerlo", que quedan declarados secretos los delitos que los documentos contienen. La declaración de secreto, razona el juez, afecta únicamente al documento en sí mismo. En el escrito de 11 folios, Baltasar Garzón anuncia su disposición a investigar los delitos contenidos, en su opinión, en los documentos del Cesid. Advierte, además, que existe el deber de los parlamentarios, funcionarios y jueces de colaborar con la justicia.

El magistrado expone, en un probable guiño dirigido a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales, el siguiente argumento: si ambas obligaciones se cumplen, no habría necesidad de reclamar de nuevo los documentos al Gobierno y se respetaría la decisión del Consejo de Ministros, ya que no se entregaría el soporte físico del documento, que es lo declarado secreto. El juez busca que los diputados confirmen la veracidad de las fotocopias que él posee.

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