Un fiscal relaciona con el 'caso GAL' las críticas a la Audiencia Nacional
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos declaró ayer que los argumentos de quienes cuestionan el papel de este órgano surgieron el año pasado, "justo cuando se avanzaba en las investigaciones de los GAL. Santos, que participó en un curso sobre la Audiencia en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), desoyó la semana pasada las instrucciones del fiscal jefe, José Aranda, y no pidió la libertad provisional del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, imputado por su implicación en los secuestros, torturas y asesinatos de los supuestos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ig...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos declaró ayer que los argumentos de quienes cuestionan el papel de este órgano surgieron el año pasado, "justo cuando se avanzaba en las investigaciones de los GAL. Santos, que participó en un curso sobre la Audiencia en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), desoyó la semana pasada las instrucciones del fiscal jefe, José Aranda, y no pidió la libertad provisional del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, imputado por su implicación en los secuestros, torturas y asesinatos de los supuestos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.Sobre esta negativa a pedir la libertad provisional de Rodríguez Galindo, el fiscal defendió su criterio frente a las instrucciones que recibió de Aranda. "Se puede optar por cumplir una orden", declaró, "pero la palabra es libre".
Sobre la polémica conocida ya como la rebelión de los fiscales, Santos sostuvo que él siempre se ha sometido a las directrices del estatuto del ministerio fiscal. Pero "junto al principio de dependencia jerárquica está él de legalidad e imparcialidad", dijo, y el citado estatuto establece que "nadie, ni el Ejecutivo", puede dar órdenes al fiscal general.
"El Gobierno", para Santos, sólo puede indicar", porque la Fiscalía "no es un apéndice del Ejecutivo, sino un órgano del Estado". El fiscal calificó también de "fraude a la administración de justicia" el hecho de que la concesión del tercer grado penitenciario, el más favorable para los reclusos, equivalente a una antesala de la libertad provisional, "esté en manos del poder ejecutivo".