EL 'CASO GAL'

La Audiencia deja en libertad sin fianza a Galindo

El tribunal mantiene la prisión de los subordinados del general por el 'caso Lasa-Zabala'

La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad sin fianza al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, y mantuvo la prisión incondicional para tres de sus antiguos subordinados: el teniente Pedro Gómez Nieto, el ex sargento Enrique Dorado Villalobos y el ex cabo Felipe Bayo. Todos ellos están procesados por su presunta intervención, en 1983, en el secuestro, las torturas y el asesinato de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El tribunal diferenció la situación de Galindo de la de los otros tres presos al estimar que no hay peligro de que se fugue. Rodríguez ...

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La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad sin fianza al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, y mantuvo la prisión incondicional para tres de sus antiguos subordinados: el teniente Pedro Gómez Nieto, el ex sargento Enrique Dorado Villalobos y el ex cabo Felipe Bayo. Todos ellos están procesados por su presunta intervención, en 1983, en el secuestro, las torturas y el asesinato de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El tribunal diferenció la situación de Galindo de la de los otros tres presos al estimar que no hay peligro de que se fugue. Rodríguez Galindo abandonó la prisión de Alcalá de Henares (Madrid), donde permanecía desde el 23 de mayo pasado, poco después de las cuatro y media de la tarde.

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Tras acordar su libertad sin fianza, los magistrados imponen a Rodríguez Galindo la obligación de fijar domicilio, comunicar cualquier cambio del mismo y comparecer semanalmente en el juzgado o la comisaría más próxima, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional.El general se encontraba ayer "insatisfecho y estupefacto" por la decisión de dejarle libre manteniendo en prisión a sus subordinados, según declaró su abogado, Jorge Argote, al que visitó en su despacho y que explicó: "Quiere correr el mismo destino que sus hombres y preferiría estar dentro de la cárcel".

El tribunal, integrado por Jorge Campos -ponente-, Ángela Murillo e lldefonso Rodríguez, recuerda que fue el juez instructor Javier Gómez de Liaño quien descartó el riesgo de fuga de Galindo y que el motivo de la prisión no era otro que el temor a que hiciera desaparecer algunas pruebas de cargo.

Los jueces consideran que el encarcelamiento de Galindo estuvo justificado "para decretar la prisión en su momento", así como "congruente con tal finalidad la incomunicación que igualmente acordó el instructor". Luego, añaden: "Respetuoso el instructor siempre con los derechos del preso, mantuvo la incomunicación. por breve tiempo, y ya en la situación de prisión comunicada ( ... ) no comprendemos cuál puede ser la eficacia de la prisión para eliminar ese riesgo de obstrucción de la investigación sumarial".

"En conclusión", agregan, "si la prisión es comunicada, e incluso si más recientemente se han levantado todas las restricciones en materia de visitas, nos parece ilusorio que si en un plano hipotético pudiéramos pensar que el procesado quiere obstruir la investigación la prisión comunicada vaya a evitarlo".

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Los magistrados destacan también que Galindo ya ha cesado en su cargo en el Ministerio del Interior. 'La conclusión de todo lo expuesto", explican, "es que, si la prisión estuvo justificada en su momento, el mantenimiento actual no es razonable ni proporcionado el fin que el instructor fija como único motivo de la prisión".

El auto especifica que la libertad debe ser sin fianza, "pues ésta no tiene otra finalidad que la de evitar el riesgo de fuga y ya ha quedado constatado que tal riesgo se descarta".

La resolución ha sido contraria al criterio del fiscal Pedro Rubira, quien solicitó el mantenimiento de la prisión de Galindo y, en el caso de que el tribunal se inclinase por su libertad, que le fuera impuesta una fianza.

En cambio, el tribunal ha rechazado los recursos de los también procesados Gómez Nieto, Dorado y Bayo, básicamente por el riesgo de fuga que entrañaría su libertad, y deberán seguir en prisión.

Los magistrados reconocen la existencia de razonables sospechas de la posible "participación" de los tres "en los gravísimos hechos que se recogen en el sumario" y destacan que concurre el dato objetivo de la gravedad de los delitos y las elevadas penas que la ley les asigna. Asimismo, rechazan el argumento de los defensores de los ex guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo de que los hechos ocurrieron hace 13 años y que en ese tiempo podrían haber huido. "No puede perderse de vista", advierten, "que la investigación en torno a estas acciones -los secuestros y asesinatos de Lasa y Zabala- nació hace un año, por lo que, con anterioridad, inexistía razón para huir, porque nada había que teiner".

"Son circunstancias subjetivas en el apelante", señalan de forma idéntica los autos relativos a los tres presos, "y que llevan a pensar que es elevado el riesgo de fuga que conllevaría la puesta en libertad, el muy escaso tiempo que lleva privado de ella en calidad de preso preventivo, aún sólo dos meses, y el hecho cierto de que, actualmente expulsado del Cuerpo de la Guardia Civil, y con un auto de procesamiento contra él dictado en fechas recientes por una muy indiciaria participación en gravísimos delitos, no puede ya actuar con la normalidad derivada de una plena recusación de impunidad".

Los escritos para Gómez Nieto, Dorado y Bayo son idénticos salvo por lo que afecta a los nombres. Tanto es así que incluso en el auto que afecta al primero se dice que está expulsado de la Guardia Civil cuando no es así, sino que es teniente y ha sido jefe de los grupos Omega, de operaciones especiales, fundados por Luis Roldán. Los que sí fueron expulsados son Dorado y Bayo, tras haber sido condenados en firme por el robo a una boutique de Irún y las torturas a un presunto miembro de ETA detenido en el cuartel de Intxaurrondo.

Este hecho motivó que en medios de la Audiencia Nacional se comentase que sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda. Todos han pasado poco más de dos meses en la cárcel y el tribunal valora que es "muy escaso tiempo" de prisión preventiva para Gómez Nieto, Dorado y Bayo, pero no hace ningún pronunciamiento de ese tipo en relación con Galindo.

Tras conocerse la decisión de los magistrados de la Audiencia, ocho personas, entre ellas el compañero sentimental del ex sargento Dorado, Juan Francisco Cruz, se manifestaron frente a, la sede judicial pidiendo la libertad de los presos preventivos del caso Lasa-Zabala, entre los que, además de Gómez Nieto, Dorado y Bayo, se encuentra el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga. El grupo portaba una pancarta con dos grandes lazos verdes en la que se leía: "ETA matando en libertad. Galindo y sus hombres inocentes en prisión".

La libertad de Galindo se produjo pasadas las cuatro y media de la tarde. Media hora antes habían saltado todas las alarmas de los periodistas que esperaban a las puertas de la prisión militar de Alcalá de Henares. Dos coches abandonaron las instalaciones, pero en ninguno se encontraba Galindo. En la pequeña comitiva viajaba el coronel Juan Alberto Perote, citado a declarar en el caso Oñederra por el juez Baltasar Garzón.

Rodríguez Galindo salió en un Audi 100 de color gris. Solo, en el asiento trasero, vestido de paisano y con semblante serio, abandonaba la prisión en la que ha permanecido desde el 23 de mayo, 72 días. No hizo declaraciones. Su vehículo no se detuvo ni en el preceptivo stop que existe poco después de la salida del centro penitenciario. Galindo visitó más tarde a su abogado, Jorge Argote, en su despacho.

Embargo de sueldos

Por otro lado, el juez Javier Gómez de Liaño ordenó ayer el embargo parcial de los sueldos y los bienes de los procesados en el sumario que investiga los asesinatos de Lasa y Zabala. El motivo es garantizar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas.Las fianzas fijadas son de 100 millones de pesetas para Galindo, Dorado, Bayo y Elgorriaga; de 60 para Gómez Nieto, y de 15 para Argote y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

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