Un cambio deseable

Que las prestaciones actuales del sistema de Seguridad Social no son financiables a medio plazo es una opinión compartida no sólo por la práctica totalidad de los especialistas en la materia, sino también por sectores cada vez más amplios de la opinión pública. El envejecimiento de la población y la caída de la productividad generan un aumento del gasto en pensiones y una reducción de los ingresos que hacen insostenibles las prestaciones sociales en sus niveles presente. Ante este hecho sólo caben dos tipos de medidas alternativas capaces de garantizar el cobro futuro de algún tipo de pensión ...

Que las prestaciones actuales del sistema de Seguridad Social no son financiables a medio plazo es una opinión compartida no sólo por la práctica totalidad de los especialistas en la materia, sino también por sectores cada vez más amplios de la opinión pública. El envejecimiento de la población y la caída de la productividad generan un aumento del gasto en pensiones y una reducción de los ingresos que hacen insostenibles las prestaciones sociales en sus niveles presente. Ante este hecho sólo caben dos tipos de medidas alternativas capaces de garantizar el cobro futuro de algún tipo de pensión por parte de los trabajado res. Un primer tipo de medidas estaría encaminado a garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones a través de un aumento de las cotizaciones, de una reducción de las prestaciones, o una combinación de ambas cosas. Este tipo de medidas ha sido propuesto por el Pacto de Toledo, y consisten básicamente en lograr el equilibrio de la Seguridad Social mediante reducciones reales de las pensiones futuras que oscilan entre el 20 y el 30%. Alternativamente, una reforma más profunda consistiría en una sustitución progresiva del sistema actual. de reparto, en el que las pensiones son financiadas por las cotizaciones de los trabajadores activos, por un sistema de capitalización, en el que cada trabajador financia su pensión futura a través de los ahorros acumulados y capitalizados en planes de pensiones. El sistema ha sido implantado con notable éxito en Chile.Dadas estas dos alternativas para la continuidad del sistema de pensiones -Pacto de Toledo o capitalización- cabe preguntarse cuál de las dos es más deseable para la sociedad española. En un trabajo conjunto con el profesor Joan Gil, de la Universidad de Barcelona, se analiza esta deseabilidad utilizando tres criterios. El primero, y quizás más evidente, es qué sistema ofrece pensiones más elevadas a los trabajadores. El segundo es cuál genera unos mayores niveles de riqueza y empleo en nuestra economía. El tercero, qué costes representa cada alternativa para el Estado. Los dos primeros criterios son claros sobre la conveniencia del sistema de capitalización. Por un lado, bajo este sistema, todos los trabajadores (no sólo los más ricos) obtienen pensiones entre dos y tres veces más altas que bajo la reforma prevista del sistema público actual. Esto es debido a que la rentabilidad neta de los activos de capital es de un 6-7% anual, mientras que la rentabilidad implícita de las contribuciones al sistema público no llega al 1 %. Por otro lado, el cambio a un sistema de capitalización generaría unos mayores niveles de ahorro e inversión y de crecimiento económico y de empleo. Bajo el cambio de sistema, nuestros niveles de renta serían entre un 23,6 y un 31,5% más altos en los próximo 30 años, lo que implica que la economía española sería capaz de crear un promedio de 150.000 puestos de trabajo adicionales a los previstos cada año en ese período. Es evidente que el sistema de capitalización genera unas ganancias netas substanciales a largo plazo tanto para los trabajadores como para la economía y la sociedad española. Sin embargo, el cambio de un sistema a otro no se produce sin ningún tipo de inconvenientes. El más importante se deriva del coste que para las arcas públicas tendrían dicha transición. Dado que el cambio en el sistema de pensiones no debe perjudicar los derechos de los pensionistas actuales -lo cual sería tanto ética como políticamente inaceptable- una transición progresiva como la prevista, en la que los trabajadores que ahora cuentan con menos de 40 años pasan al sistema de capitalización mientras que los mayores de esa edad permanecen en el público, supondría unos costes para el Estado algo superiores al 4% del PIB. Por tanto, el cambio del sistema, de pensiones requeriría un ajuste fiscal equivalente a esa cantidad. ¿Es posible este ajuste? La experiencia reciente de numerosos países de nuestro entorno demuestra que sí. Este ajuste resultaría mucho más efectivo y fácil de sostener en el largo plazo si se lleva a cabo fundamentalmente a través de reducciones del gasto público, en lugar de aumentos de impuestos.

Por tanto, el cambio del sistema actual de pensiones no sólo es factible desde el punto de vista presupuestario, sino que es evidentemente deseable dados sus efectos tanto sobre las pensiones como sobre nuestros niveles de riqueza y empleo. Una última e importante cuestión es la factibilidad política de dicho cambio. A pesar de sus efectos netamente positivos, es previsible que el cambio a un sistema de capitalización se enfrente a la oposición de ciertos agentes y grupos sociales afectados por la inercia y el inmovilismo. Esta oposición podría ser contrarrestada a través de una adecuada información a los ciudadanos de los beneficios netos que acarrearía el paso al nuevo sistema de pensiones. Es, por tanto, del interés de España y de los trabajadores españoles que el Gobierno explique claramente los costes de mantener el sistema público actual, los beneficios y sacrificios que implicaría un cambio a un sistema de capitalización, y la conveniencia última de iniciar esta transición en el período más corto posible.José M. Bailén es miembro del departamento de Economía de la Universidad de Chicago.