Los fondos reservados se usaron también para pagar a jueces, fiscales y miembros del Cesid

Un informe en poder de la juez Ana María Marugán, que investiga el posible desvío de fondos reservados del Ministerio del Interior, revela que un alto porcentaje del dinero de tal partida salió entre 1983 y 1987 en forma de cheques, algo impensable en operaciones de seguridad. El destino de estos talones por valor de 2.300 millones permanece mayoritariamente oculto. Por contra, en metálico no sólo se pagó a confidentes. Interior desvió así millones para jueces y fiscales, bajo un concepto amplio de pagos por clase, ayudas extrapresupuestarias y pluses de seguridad. Este capítulo no ha sido abo...

Un informe en poder de la juez Ana María Marugán, que investiga el posible desvío de fondos reservados del Ministerio del Interior, revela que un alto porcentaje del dinero de tal partida salió entre 1983 y 1987 en forma de cheques, algo impensable en operaciones de seguridad. El destino de estos talones por valor de 2.300 millones permanece mayoritariamente oculto. Por contra, en metálico no sólo se pagó a confidentes. Interior desvió así millones para jueces y fiscales, bajo un concepto amplio de pagos por clase, ayudas extrapresupuestarias y pluses de seguridad. Este capítulo no ha sido abordado aún por la juez, ni los sobresueldos del Cesid cobrados hasta 1994 con cargo a su propia partida de fondos reservados.

Un informe en poder de la juez Pérez Marugán revela un sorprendente sistema de salida de la cuenta en el Banco de España de fondos reservados de Interior. El documento fue desgajado del caso Marey y perseguía investigar si los fondos reservados fueron utilizados para financiar los GAL. Los peritos se fijaron sobre todo en las salidas en metálico, por sospechar que era la vía más probable para afrontar tales pagos. Sus conclusiones son sorprendentes: en 1983 fue extraído en efectivo de la cuenta de fondos reservados de Interior sólo el 37,4%, por un monto de 462.506.000 pesetas. El resto, el 62,6%, salió en cheques por un monto superior a 770 millones.En 1984 Interior efectuó en metálico el 75,7% de los pagos de tal cuenta, por un importe de 917.194.000 pesetas. El 24,3% restante se abonó con cheques: más de 290 millones. En 1985 se pagó en efectivo el 75,7%, por un importe de 1.113.543.000 pesetas. El restante 24,3% se extrajo en cheques, por valor de más de 357 millones. En 1986, el dinero fluyó en menor medida en efectivo desde esa cuenta. Ese año el porcentaje fue de un 73,2%, que se tradujo en 1.079.848.000 pesetas. En consecuencia, un 26,8%, por importe de casi 394 millones, fue retirado mediante talones.

En 1987 se redujo sensiblemente la cantidad pagada en metálico con fondos reservados: sólo alcanzó un 66,6% -985.312.000 pesetas- Por contra, se disparó el abono mediante documento bancario a un 33,4%, que se materializó en el pago de casi 493 millones.

Ningún ex responsable de Interior es capaz de explicar por qué entre 1983, año de comienzo de las actividades de los GAL, y 1987, cuando se perpetró el último atentado, se produjo un caudal tan importante de cheques. No en vano, todas las fuentes consultadas aseguran que los pagos de operaciones antiterroristas o antidroga siempre se efectuaron en metálico. En el periodo estudiado, 83-87, Interior compró dólares con cheques por valor de 168 millones de pesetas, aunque se ignora si tales divisas sirvieron para pagos a mercenarios de los GAL.

En efectivo, no sólo se financiaron operaciones de seguridad. Este es el caso del dinero que Interior le entregó periódicamente a la Comisión Nacional de Policía Judicial, organismo autónomo que tenía como misión agilizar la cooperación entre Justicia e Interior. De su recepción se encargaba el hoy fiscal general del Estado, Carlos Granados, entonces secretario de tal comisión.

Tras el asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle por ETA en 1989, magistrados y fiscales reclamaron mayores medidas de seguridad. Interior destinó varios millones de fondos reservados para el blindaje de sus domicilios, 15 millones para la casa del juez Baltasar Garzón según declaró Rafael Vera, ex secretario para la Seguridad, y coches.

El entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, peleó por la atribución de unos pluses de seguridad mensuales para fiscales -que acabó pagando Interior, según ex cargos del departamento- que oscilaron entre 50.000 y 250.000 pesetas, según fuentes de dicha institución, para equipararles a los magistrados. Justicia alegó falta de presupuesto para tales complementos. Unos y otros han justificado los abonos desde Interior como pagos por conferencias a policías y guardias, cuyo origen opaco aseguran ignorar. EL PAÍS ha comprobado recibís de jueces y fiscales que no citan concepto.

Una decena larga de magistrados y fiscales, al margen de tales pagos, también cobraron fondos reservados del Centro de Estudios Judiciales, que se financió con cargo a tal partida entre 1987 y 1988, por un importe cercano a los 12 millones.

Desvíos "poco relevantes"

Fuentes de la investigación consideran "poco relevantes" tales desvíos -sólo tienen constancia del caso de la Comisión de Policía Judicial-, ya que no constituirían delito, sino utilización presupuestaria indebida, criterio que extienden a quienes recibieron gratificaciones dentro de los segundos y terceros niveles de Interior. La investigación se centra, prioritariamente, en averiguar si se ha producido malversación, algo sólo achacable a quienes tuvieron responsabilidades en el manejo de fondos reservados; en suma, la cúpula de Interior. Dado el imposible rastreo del dinero y de los cheques, las pesquisas se centran en averiguar si hay indicios de su desvío al patrimonio de tales ex altos cargos. En la investigación se muestran dispuestos a abordar los sobresueldos del Cesid -extremo denunciado a la juez por Rafael Vera- si se aportan datos. Esa partida se redujo en 1994 de 1.400 a 1.000 millones tras suprimirse tales pluses.