EE UU confirma ue empezara a plicar en julio la 'ley Helms-Burton'
El Gobierno norteamericano dio ayer un nuevo paso adelante en el desarrollo de la ley Helms-Burton, destinada a castigar a las empresas extranjeras que comercian con Cuba en determinadas circunstancias. El Departamento de Estado anunció la publicación de los mecanismos de funcionamiento del Título IV de la ley, que otorgan la capacidad legal para que la Administración actúe contra los dirigentes de las empresas acusadas de "traficar" con propiedades expropiadas a ciudadanos norteamericanos en Cuba."En el curso del verano., procederemos con el desarrollo del Tí tulo lV", aseguró Nicholas...
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El Gobierno norteamericano dio ayer un nuevo paso adelante en el desarrollo de la ley Helms-Burton, destinada a castigar a las empresas extranjeras que comercian con Cuba en determinadas circunstancias. El Departamento de Estado anunció la publicación de los mecanismos de funcionamiento del Título IV de la ley, que otorgan la capacidad legal para que la Administración actúe contra los dirigentes de las empresas acusadas de "traficar" con propiedades expropiadas a ciudadanos norteamericanos en Cuba."En el curso del verano., procederemos con el desarrollo del Tí tulo lV", aseguró Nicholas Burns, portavoz del Departamento de Estado. Fuentes diplomáticas calculan que a primeros de julio se enviarán las cartas a los responsa bles empresariales -incluidas empresas españolas- en las que se les comunicará la apertura de un plazo de 45 días para que sus nombres y los de sus familiares fi guren en las listas negras de las fronteras de EE UU.
Mientras tanto, Canadá, que ayer presentó su propia legislación contra la ley Helms-Burton, y México anunciaron que van a solicitar una reunión del Tratado de Libre Comercio, que integran ambos países y EE UU, para discutir medidas de represalia contra EE UU. "Esa ley. establece un peligroso precedente", señaló Lloyd Axworthy, ministro de Exteriores de Canadá. Las medidas de réplica permitirían a los canadienses recurrir ante sus tribunales contra los efectos de esa ley y solicitar indemnizaciones, y autorizarían a Ottawa a bloquear la aplicación de la ley en Canadá. El primer ministro, Jean Chrétien, quiere plantear el problema en la reunión que el Grupo de los Siete países más industrializados celebrará en Lyón la próxima semana.