El juez del 'caso Sóller' cita a proveedores del PP balear

El juez que instruye el caso Sóller ha citado a declarar esta semana a representantes de las empresas proveedoras del Partido Popular de Baleares en las diligencias relacionadas con el dinero manejado por este partido, supuestamente procedente de la concesionaria de las obras para la construcción de un túnel.Empresas dedicadas a la restauración, imprenta, publicidad y agencias de viajes, entre otras, habrían cobrado sus facturas con dinero aportado por la firma adjudicataria de las obras del túnel de Sóller, presuntamente a través del Partido Popular de las islas.

Las investigaci...

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El juez que instruye el caso Sóller ha citado a declarar esta semana a representantes de las empresas proveedoras del Partido Popular de Baleares en las diligencias relacionadas con el dinero manejado por este partido, supuestamente procedente de la concesionaria de las obras para la construcción de un túnel.Empresas dedicadas a la restauración, imprenta, publicidad y agencias de viajes, entre otras, habrían cobrado sus facturas con dinero aportado por la firma adjudicataria de las obras del túnel de Sóller, presuntamente a través del Partido Popular de las islas.

Las investigaciones policiales han determinado en esta causa que el PP balear pudo recibir, al menos, 50 millones de pesetas en concepto de supuestas comisiones ilegales por parte de la firma adjudicataria de las obras. Y también que 1,5 millones de pesetas fueron ingresados en las arcas de la Fundación Illes Balears, presidida por el que fuera presidente de Baleares entre 1983 y 1995, el popular Gabriel Cañellas.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, mañana comparecerán como testigos ante el juez los proveedores del PP balear Andrés Bernaus Carrió, María Quevedo Mora y Francisco Coll Gómez.

El miércoles están citados Juan Sastre Munar, Jerónima Prats Marques y Bartolomé Prats Saurina. La ronda de comparecencias finalizará el viernes, 14 de junio, con los empresarios Miguel Jaume Pérez, Gabriel Barceló Oliver (representante legal de Viajes Barceló) y Pablo Valentín Vich Salas (Jorvich).

Izquierda Unida ejerce la acusación particular en la causa que la Justicia instruye por los delitos de prevaricación continuada y cohecho que habría cometido presuntamente el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en 1988, tras adjudicar las obras del túnel a la compañía concesionaria de Antonio Cuart, ex socio en otra firma de Cañellas.

Gabriel Cañellas tuvo que dimitir el pasado verano como jefe del Ejecutivo autonómico y presidente regional del PP como consecuencia de las responsabilidades políticas derivadas del caso del túnel de Sóller. Esa dimisión provocó una reestructuración notable tanto del Gobierno regional como de la estructura de mando del partido en las islas que se cerró, como han demostrado los últimos acontecimientos, de manera ficticia. Cañellas fue relevado en el Gobierno por Cristòfol Soler, que dimitió hace un par de semanas y será sustituido esta misma semana por Jaume Matas.

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