Sala afirma que la Constitución hace imposible una 'ley de punto final'
Es imposible hoy una ley de punto final en el caso GAL porque "desde la Constitución de 1978 no está permitida esta posibilidad", según aseguró ayer Pascual Sala, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) en una declaraciones a Radio Nacional. Sala matizó que "eso no significa que no puedan resolverse asuntos como éste con el menor daño social posible".Una forma de resolverlo, dijo, es con una "sola causa, y en una sola sentencia. Ése sería el punto final: cuando se produzca una sentencia que resuelva, en cualquier sentido en que se prod...
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Es imposible hoy una ley de punto final en el caso GAL porque "desde la Constitución de 1978 no está permitida esta posibilidad", según aseguró ayer Pascual Sala, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) en una declaraciones a Radio Nacional. Sala matizó que "eso no significa que no puedan resolverse asuntos como éste con el menor daño social posible".Una forma de resolverlo, dijo, es con una "sola causa, y en una sola sentencia. Ése sería el punto final: cuando se produzca una sentencia que resuelva, en cualquier sentido en que se produzca la misma, el tema de los GAL o cualquier otro".
Sala salió en defensa del instructor del caso Lasa-Zabala, el magistrado Gómez de Liaño. "Es un hombre de honor, una persona independiente que aplica los criterios legales conforme él libremente los entiende e interpreta", dijo.
Iñaki Anasagasti, diputado del PNV, y Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, se unieron ayer a quienes han rechazado públicamente la posibilidad de recurrir a una ley de punto final en el caso GAL. Hace unos días el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, comentó que si un día se hablaba de una ley de punto final, había que hacerlo con seriedad y tranquilidad y no a través de declaraciones en la prensa.
Anasagasti advirtió que nadie "en su sano juicio" puede plantear algo así. Quien lo pida, dijo, está pidiendo "no ya un borrón y cuenta nueva, sino un grave borrón para la democracia". El diputado vasco, refiriéndose al general Enrique Rodríguez Galindo, señalo que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley".
Juan María Atutxa manifestó, por su parte, que se oponía "frontalmente a la posibilidad de una ley de punto final. Cubrir la sangre con más sangre es algo moralmente inaceptable". Juan María Atutxa afirmó que los responsables de los crímenes de los GAL "deben pagar por lo que han hecho" y dijo que la investigación judicial debe llegar "hasta las últimas consecuencias".