El Gobierno dice ahora que no hay motivo "de alarma" por las excarcelaciones

El Gobierno aseguró ayer que, "como ya se ha asegurado desde diferentes ámbitos judiciales" no hay motivo de alarma" respecto a la excarcelación que va a traer consigo la entrada en vigor, desde ayer, del nuevo Código Penal. En la pasada campaña electoral, hace tres meses, el Partido Popular aseguró que se iba a disparar la inseguridad y la delincuencia en las calles de las ciudades españolas como consecuencia de la reforma penal y la masiva excarcelación de delincuentes. El entonces portavoz popular en temas de Justicia y hoy presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, aseguró ...

El Gobierno aseguró ayer que, "como ya se ha asegurado desde diferentes ámbitos judiciales" no hay motivo de alarma" respecto a la excarcelación que va a traer consigo la entrada en vigor, desde ayer, del nuevo Código Penal. En la pasada campaña electoral, hace tres meses, el Partido Popular aseguró que se iba a disparar la inseguridad y la delincuencia en las calles de las ciudades españolas como consecuencia de la reforma penal y la masiva excarcelación de delincuentes. El entonces portavoz popular en temas de Justicia y hoy presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, aseguró que iban a quedar en libertad 13.000 presos.Ayer, el mismo día de la entrada en vigor del nuevo texto, el Ministerio de Justicia difundió un comunicado en el que dice que "uno de los temas que, aparentemente, más alarma social ha podido causar es el de las posibles excarcelaciones de presos, más o menos masivas, que podría ocasionar la aplicación del nuevo Código. En ese sentido, y como ya se ha asegurado desde diferentes ámbitos judiciales, no hay motivo de alarma".

"Estas excarcelaciones", matizan ahora los gobernantes populares, "seguramente no van a ser masivas, porque la prospección realizada parece mostrar que el número de condenados a quienes más va a beneficiar este nuevo Código que el anterior es más bien reducido".

El Ministerio de Justicia señala que el nuevo Código, al que el PP negó su voto favorable en el Parlamento, "representa el final de un proceso legislativo, marcado a veces por las discrepancias, pero que supone el cumplimiento del compromiso del Gobierno de aplicar las leyes que han sido aprobadas en el Parlamento".

El Gobierno indica que el nuevo sistema de cumplimiento de penas "ocasiona unos problemas de infraestructura que también necesitan de inversiones, como por ejemplo la adecuación de los locales necesarios para el cumplimiento del arresto de fin de semana, pena que antes no existía y que parece lógico y conveniente que se cumpla en lugares distintos a una cárcel o en un centro penitenciario, en el sentido estricto del término"

A este respecto, agrega el Ministerio de Justicia, "es necesaria la colaboración estrecha entre los departamentos del Gobierno con ayuntamientos y comunidades autónomas con el fin de resolver el problema sin necesidad de grandes inversiones".

Justicia anuncia que "todas las medidas que se deban tomar [para la realización de prestaciones sociales impuestas a quienes han cometido delitos no graves] se van a ver limitadas durante el presente año por los ajustes presupuestarios que está realizando el Gobierno y que también afectan al Ministerio de Justicia ( ... ). En el ejercicio de 1997 se tratará por todos los medios de mejorar el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que se dedica a la Administración de justicia y que, en estos momentos, está por debajo de la media de la Unión Europea".

Penas sustitutorias

La asociación Jueces para la Democracia expresó ayer, tras una reunión de su comisión permanente, su temor a que la falta de infraestructuras dificulte la aplicación de las penas sustitutorias de cárcel. El portavoz de esa asociación, José Antonio Alonso, valoró la entrada en vigor del nuevo Código, al que sólo se oponen, según él, los sectores conservadores que piden "cárcel y más cárcel".Por contra, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ángel Calderón, pronosticó un aumento de la inseguridad ciudadana aunque menor del que se vaticinó hace unos meses. Según él, no serán 13.000 los presos excarcelados sino unos 2.000.

El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, declaró que en España es también necesaria una convergencia con Europa en lo que se refiere a la dotación de medios económicos para administrar la justicia.

Su predecesora en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que confía en que el actual Gobierno no caiga en la tentación de deteriorar la situación "dejando aparcado" el Código Penal. "Si algún Gobierno", indicó a Europa Press, "quiere modificarlo, que lo intente y presente la correspondiente iniciativa legislativa, pero que no lo deje aparcado, sin aplicación".

El ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch (PSOE), manifestó que el nuevo Código Penal es la obra jurídica más importante después de la Constitución aprobada en 1978. "No supone un mero cambio de normas jurídicas sino, por encima de todo, un cambio cultural, casi de civilización. Habrá un antes y un después de este Código Penal".