La inmobiliaria abre el diálogo con los vecinos 'desahuciados'
Las once familias de Fuenlabrada (165.000 habitantes) que perdieron sus viviendas por no pagar las letras de sus pisos durante un año se reunieron ayer con representantes de la inmobiliaria Ikasa gracias a la mediación del Ayuntamiento de esta localidad.Ikasa, propietaria de las casas está dispuesta a devolverles las viviendas a los afectados a cambio de que le abonen los costes del proceso judicial y una cantidad. adicional razonable, según indicó ayer un portavoz de esta inmobiliaria.
Ikasa tendría en cuenta "el factor humano y social", aunque ello le suponga "perder dinero", agregó e...
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Las once familias de Fuenlabrada (165.000 habitantes) que perdieron sus viviendas por no pagar las letras de sus pisos durante un año se reunieron ayer con representantes de la inmobiliaria Ikasa gracias a la mediación del Ayuntamiento de esta localidad.Ikasa, propietaria de las casas está dispuesta a devolverles las viviendas a los afectados a cambio de que le abonen los costes del proceso judicial y una cantidad. adicional razonable, según indicó ayer un portavoz de esta inmobiliaria.
Ikasa tendría en cuenta "el factor humano y social", aunque ello le suponga "perder dinero", agregó este portavoz. "Vamos a tratar el asunto desde el punto de vista humano debido a su repercusión social. Nosotros sólo queremos resarcirnos de los gastos procesales que nos ha costado el proceso judicial desde su inicio, hace ya 14 años", añadió.
Apoyo vecinal
Los afectados culpan al abogado Pedro Antonio Montero Marín de la pérdida de sus pisos. Según ellos, este letrado les aconsejó en 1981, tras descubrir ellos defectos en las casas, que no pagasen las letras a la constructora.Los afectados explican que el letrado abrió una cuenta en la que ellos ingresaron sus cuotas mensuales, pero que, sin embargo, no informó al juzgado sobre la existencia de tal cuenta.
Poco después, lkasa, ante el impago de las letras, decidió demandar por vía ejecutiva a los moradores. lkasa ganó el juicio a los vecinos. El abogado recurrió ante instancias judiciales superiores, pero perdió los pleitos. La inmobiliaria ordenó entonces el embargo de las viviendas y se quedó con ellas en una subasta judicial.
Ikasa atribuye el problema al hecho de que los vecinos se fiasen "a ciegas" del abogado. "No es la primera vez que queremos. negociar la deuda con los afectados en condiciones ventajosas", indicó el citado portavoz.
Los vecinos se resistieron a abandonar las casas embargadas y el Juzgado de Primera Instancia 14 de Madrid ordenó el lunes desahució de la primera de las once viviendas, propiedad de la familia Camacho Carpintero. Durante el desalojo de esta familia se produjeron los enfrentamientos entre los vecinos del inmueble, arropados por un millar de personas, y la policía. La inmobiliaria trasladará esta misma semana una oferta económica a los afectados. Todavía no se han manejado cifras. "Lo importante", según lkasa, "es alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes".