La cesión de unidades de la Guardia Civil que ofrece el PP no está regulada por la ley

La propuesta del Partido Popular a CiU para delegar en la Generalitat el -mando de las unidades de Tráfico de la Guardia Civil no está contemplada ni regulada en ninguna norma legal y exigiría la modificación de una ley orgánica, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta norma, de 13 de marzo de 1986, regula sólo "la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las comunidades autónomas" y no se refiere a la Guardia Civil, cuyos miembros dependen orgánicamente del Ministerio de Defensa y tienen carácter militar.

La propuesta del PP ha colocado a CiU ante un dilem...

La propuesta del Partido Popular a CiU para delegar en la Generalitat el -mando de las unidades de Tráfico de la Guardia Civil no está contemplada ni regulada en ninguna norma legal y exigiría la modificación de una ley orgánica, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta norma, de 13 de marzo de 1986, regula sólo "la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las comunidades autónomas" y no se refiere a la Guardia Civil, cuyos miembros dependen orgánicamente del Ministerio de Defensa y tienen carácter militar.

La propuesta del PP ha colocado a CiU ante un dilema, En contra de lo que se interpretó en un principio, los populares no ofrecen a la Generalitat el mando transitorio de las unidades de Tráfico, mientras los Mossos d'Esquadra se vayan haciendo cargo progresivamente de las carreteras. La oferta consiste, según fuentes de CiU, en delegar o transferir a la Generalitat la competencia de tráfico y adscribir al Gobierno de Cataluña los efectivos de la Guardia Civil.Esta última medida no tiene respaldo legal y exigiría cambiar la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta norma orgánica contempla la creación de policías autónomas por las comunidades cuyos estatutos incluyen esta posibilidad o la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía para las que renuncien a crear un cuerpo propio.

Las unidades policiales transferidas a comunidades (en la actualidad Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana) pasan a depender funcionalmente y reciben las órdenes del Gobierno autónomo, aunque orgánicamente siguen en el Ministerio del Interior, que decide los ascensos y garantiza los traslados en todo el territorio del Estado. La Guardia Civil no está comprendida en esta regulación, ya que depende orgánicamente de Defensa.

Dirigentes de CiU señalan que, en principio, la coalición reclama que los Mossos se encarguen del tráfico y aceptarían, sólo de forma temporal, el mando de la Guardia Civil por la. Generalitat. El PP saca a relucir que en los años 80 el Parlamento catalán estaba de acuerdo con que se traspasaran agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pero desde entonces "ha llovido mucho y las cosas ya no son iguales", señaló ayer un dirigente nacionalista. Ahora lo que se reivindica es que el tráfico en las carreteras lo regulen a medio plazo los Mossos, que además hablan catalán. El acuerdo no está cerrado y se sigue negociando.

De todas formas, el significado político de ejercer el mando sobre un cuerpo tan emblemático como la Guardia Civil es una tentación muy grande para los nacionalistas. Estos días se recuerda a menudo que, en los años setenta, el entonces presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, definía el poder como aquella circunstancia en que un guardia civil se cuadra y se pone a tus órdenes. La Guardia Civil ya dependió de la Generalitat durante la Segunda, República.

Frente a lo que creen "excesivo optimismo" de los populares, dirigentes de CiU insisten en que es pronto para afirmar que el pacto está casi hecho. La supresión de los gobernadores civiles es otro de los escollos que subsisten en el camino de los negociadores de ambas formaciones. Los nacionalistas temen que todo se quede en un cambio de nombre y los populares afirman que designarán gobernadores y luego modificarán su carácter mediante una reforma legal. CiU esperaba ayer a última tarde un "largo" documento del PP que dé respuesta a sus ideas sobre financiación autonómica, traspasos, política económica y otros asuntos sectoriales.

Jordi Pujol se reunió por la mañana con otros dirigentes de la coalición para conocer los resultados de la sesión negociadora de la víspera en Madrid. A su término, uno de los asistentes, Josep Antoni Duran Lleida, manifestó: "El acuerdo no está hecho. Joaquim Molins ya dijo ayer que no era cierto [como había afirmado el popular Mariano Rajoy] que se hubiesen completado acuerdos".

Los negociadores de CiU, según fuentes de la coalición, se encontraron con que el PP quería decir cosas distintas a las que ellos planteaban cuando se abordó la desaparición de los gobernadores civiles, un tenia en el que todo indicaba que no había demasiadas discrepancias. Según esta versión, el PP quiere convertir a los gobernadores en subdelegados dependientes del delegado del Gobierno central en esa comunidad, pero nombrado por el Consejo de Ministros. Para CiU, eso puede suponer simplemente un cambio de nombre, no de sustancia, y no es aceptable.

Transferir las sedes

Los nacionalistas quieren que los gobernadores sean sustituidos por simples funcionarios nombrados por el delegado del Gobierno en cada comunidad, sin rango político y sin que ocupen las sedes actuales de los Gobiernos Civiles, que deberían ser transferidas a la Generalitat. También aspiran a que esos "delegados del delegado" tengan un menor rango en aquellas comunidades que, como Cataluña y Euskadi, disponen de competencias de orden público.El PP se propone suprimir los gobernadores y sustituirlos por subdelegados en todas las provincias, aunque admite un carácter diferente del cargo en las comunidades con competencias de orden público. A través de este reconocimiento puede abrirse la vía para superar las diferencias.

Lo que tiene claro el partido de Aznar, en contra de lo que inicialmente creyó CiU, es que no habrá ningún vacío temporal en ese escalón de la Administración periférica del Estado mientras la reforma adquiere cuerpo legal. Los actuales gobernadores serán sustituidos y después verán su carácter y sus funciones modificados por la norma legal correspondiente.

En cuanto a la financiación autonómica, las fuentes nacionalistas precisaron que quedan pendientes algunos "flecos" importantes: qué tipo de topes se aplica al rendimiento de un mayor esfuerzo fiscal en el IRPF y aspectos relacionados con la agencia tributaria compartida entre el Estado y las autonomías.