¿Es necesario un ministerio específico de medio ambiente?
La dispersión de las competencias administrativas en medio ambiente se pone constantemente sobre la mesa cuando algo va mal. Descentralizar, para después crear comisiones coordinadoras, ha sido práctica corriente. Desde la Comisión Europea se ha criticado a España por esto. Y desde el Gobierno de Madrid se ha destacado que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, sin la base de una ley general que pusiera cierto orden, ha sido una trampa difícil de remontar ahora. Se llega así a disparidades absurdas: matar un zorzal en días de veda puede suponer una sanción desde 5.000 peseta...
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La dispersión de las competencias administrativas en medio ambiente se pone constantemente sobre la mesa cuando algo va mal. Descentralizar, para después crear comisiones coordinadoras, ha sido práctica corriente. Desde la Comisión Europea se ha criticado a España por esto. Y desde el Gobierno de Madrid se ha destacado que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, sin la base de una ley general que pusiera cierto orden, ha sido una trampa difícil de remontar ahora. Se llega así a disparidades absurdas: matar un zorzal en días de veda puede suponer una sanción desde 5.000 pesetas hasta seis meses de cárcel, según la región. Ejecutivos autónomos aparte, el medio ambiente se encuentra ahora desparramado por ocho ministerios , con la implicación de 17 direcciones y 36 subdirecciones generales.IU y PP proponen crear un ministerio específico de medio ambiente. "Para visualizar la responsabilidad política y unificar competencias", dice Guillermo Gortázar, del PP. PSOE sólo habla de coordinar mejor; "en un país de estructura cuasifederal, no aporta nada", dice Alejandro Cercas. CiU y PNV, defensores de la competencia autonómica señalan que está bien como está. "Las funciones estatales de representación en la UE y los tratados mundiales, de legislación básica y de coordinación de planes quedan suficientemente cubiertas con una Secretaría de Estado, como la actual. Las funciones ejecutivas están transferidas", señala Lluís Recoder, de CiU. Catia Cócera, coordinadora federal de Medio Ambiente de IU, no quiere caer en la contradicción:. "Aunque defendemos que las decisiones han de tomarse de abajo arriba, se necesita un ministerio que dé peso a estos temas."
¿Está a favor de la incineración de residuos domésticos e industriales?
Si hay que escoger un tema polémico de gestión ambiental en los últimos 10 años, sin duda ése es la incineración de basuras. La oposición a estas plantas ha funcionado como nunca para unir en eficaces campañas a las organizaciones ecologistas, con las coordinadoras de vecinos. Se han paralizado decenas de proyectos, hasta el punto de que España está en los últimos puestos de la UE en cuanto a porcentaje de incineración de basuras. Una bandera sin duda vistosa y de repercusión, adobada con informes científicos que avisan de los dañinos efectos de las dioxinas en la salud y reclaman precaución. Ahí están los polémicos hornos de Madrid y Mallorca, avivados constantemente de polémica.En consonancia con la generalidad de sus propuestas ambientales, a los partidos les cuesta descender a lo concreto. El caso de la incineración se usa como arma, política para hacer oposición. Así el PSOE la ataca en Madrid, pero la defiende en Barcelona. IU es quien más claro lo tiene: "Rotundamente no". Para el PP, "la incineración es pertinente en algunos casos".
Todos son partidarios, antes que incinerar, de las tres erres: reducir -minimizar se dice también-, reutilizar y reciclar basuras. Lo cierto es que la gestión de las basuras es una de las principales asignaturas pendientes, tal vez el campo ambiental que mayor idea da de parálisis. Resulta sencillamente escandaloso que hasta hace sólo un año no hubiera un inventario de producción de residuos tóxicos industriales, y que de los 3,5 millones de toneladas de estas basuras generadas cada año, 2,2 millones no reciban tratamiento in situ. Es más: el 30% de los residuos domésticos tiene por destino el vertido incontrolado.
¿Es partidario de los impuestos ecológicos, las controvertidas 'ecotasas'?
José Borrell, que ha sido secretario de Hacienda y es ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha defendido la implantación progresiva de tasas ecológicas con sentido finalista: es decir, impuestos que no acaben en la generalidad de las arcas del Estado, sino que vayan a parar a fondos concretos de carácter ambiental. Para predicar con el ejemplo, a finales del año pasado, su ministerio creó una tasa a los aceites lubricantes para financiar su reciclado, aunque no hubo tiempo para el trámite parlamentario. El PSOE ha recogido la idea en su programa, con vaguedad: "Profundizaremos en el concepto de impuestos específicos ambientales con carácter finalista".IU no es tibia tampoco en esto: "Hay que penalizar la energía de los derivados del petróleo. Hay que fomentar la producción forestal sostenible, la reconversión del transporte...", dice Catia Cócera. No sólo eso. También defiende prohibiciones: de los envases de PVC, de la energía nuclear. El PP, en su línea desreguladora, señala, en boca de Gortázar: "No entendemos el medio ambiente como una nueva vía de burocratismo de la Administración o una nueva amenaza intervencionista sobre el sistema productivo. Somos partidarios de las ecoauditorías, los acuerdos voluntarios y las desgravaciones fiscales por inversiones ambientales". En un debate constituido por la organización ecologista CODA el martes, Gonzalo Aizpiri, del PSOE, director general de Política Ambiental, contestó: "El PP apuesta por la desregulación como mejor método de desarrollo, pero los países más competitivos de nuestro entorno son los que han introducido mayores exigencias ambientales". PNV y CiU sí. defienden algún tipo de ecotasas a la contaminación. "Pero han de ser a nivel estatal y europeo", matiza Ricardo Gatzgaetxebarria, del PNV.
¿Hay que seguir creando espacios naturales protegidos y parques nacionales?
Con casi 600 espacios protegidos -con una veintena de títulos, desde parque nacional (hay diez ahora) hasta parque natural y regional y paisaje protegido-, España se acerca al 6% de territorio vigilado por las normas de conservación. El 90% de estas zonas se ha declarado tras la creación de las comunidades autónomas. Sin embargo, la crítica más habitual es que la protección se queda en el papel, ya que falta dinero.El proyecto del PSOE, explicado por el ministro de Agricultura, Luis Atienza, es triplicar ese porcentaje de espacio protegido en un plazo de unos diez años. El PP no está por la labor de crear más: "Con ese 5,7% ya es suficiente. Ahora es más importante cuidar y reformar los existentes que crear otros nuevos". IU y PSOE apuestan, sin embargo, por trabajar para ampliar la red de parques nacionales, de modo que sirvan de impulso al desarrollo sostenible en el medio rural. Bien es cierto que el PSOE, hasta la llegada de Atienza, apenas renovó esta red. Desde que subió al poder en 1982, no creó un parque nacional hasta 1991, el de Cabrera. El año pasado se produjo la ampliación del de Covadonga a todos los Picos de Europa -con gran contestación del PP- y la declaración de Cabañeros que el PSOE estuvo a punto de convertir en campo de tiro a comienzos de la década pasada.
¿Cómo frenar el deterioro del mundo rural y los bosques?
Domingo Jiménez Beltrán, director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología de la Universidad Complutense, coinciden en señalar que España tiene un patrimonio rural y natural excepcional en Europa, que aquí se hace eso del desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo, y que es un error, cuando ya tenemos ese camino andado, querer caer en la misma ciénaga de industrialización insostenible que la mayoría de Europa, para después dar marcha atrás. Y reconocen que esto, que debiera ser un punto central de gran debate político y social, apenas se ha tocado. Aunque después todos se llevan las manos a la cabeza cuando afloran los problemas concretos -como los incendios forestales- del abandono rural y descuido de montes, paisajes y bosques.Alejandro Cercas, del PSOE, apuesta por los programas de modernización de explotaciones agrarias y viviendas rurales, y recuerda su compromiso de reforestar 1,2 millones de hectáreas en cinco años. El PP no aporta gran imaginación. Responde Gortázar, del PP: "Con sentido común y aplicando políticas positivas para el desarrollo rural". En su línea liberal, añade: "Evitando las medidas coactivas e intervencionistas". Para Catia Cócera, de IU: "Hay que hacer planes comarcales de desarrollo sostenible. Optar por la agricultura extensiva y biológica, que tiene un mercado impresionante". CiU es consciente del problema: "Hay que aplicar una reforestación distinta a la seguida hasta ahora; y una política más de inversiones en el mundo rural".