Tres informes decisivos

Cuando el escándalo pasea por la Casa de la Villa y discrepan los políticos, interviene el secretario general, Mario Corella, primera autoridad jurídica del Ayuntamiento. En los últimos cuatro años ha puesto su firma a varios informes conflictivos. Con las sentencias de Corella, el PP ha escapado del acoso de la izquierda municipal. He aquí tres ejemplos. 'Caso EMV'. En 1993, el PSOE denunció irregularidades en el reparto de 233 pisos municipales. El PP lo negó. Corella terció con un informe que entregó el 3 de marzo: "No ha habido irregularidades administrativas". Una semana des...

Cuando el escándalo pasea por la Casa de la Villa y discrepan los políticos, interviene el secretario general, Mario Corella, primera autoridad jurídica del Ayuntamiento. En los últimos cuatro años ha puesto su firma a varios informes conflictivos. Con las sentencias de Corella, el PP ha escapado del acoso de la izquierda municipal. He aquí tres ejemplos. 'Caso EMV'. En 1993, el PSOE denunció irregularidades en el reparto de 233 pisos municipales. El PP lo negó. Corella terció con un informe que entregó el 3 de marzo: "No ha habido irregularidades administrativas". Una semana después el PSOE entró en detalles: la esposa de un diputado regional del PP (secretaria del director de la Empresa Municipal de la Vivienda, Fernando López Ortún) estaba entre los adjudicatarios, pese a tener piso en Valdemoro. La denuncia dio resultados: Ortún dejó su puesto y la esposa del diputado regional renunció a su vivienda.

Nuevo Plan General. Los planos de la ciudad del siglo XXI, por los que el Gobierno municipal pagó más de 4.000 millones de pesetas, salieron mal. Por ejemplo, los urbanistas querían derribar los inmuebles de Carmen y Preciados para hacer una zona verde. Hasta 200 fallos descubrió el PSOE, y 3.000 Izquierda Unida. Corella sentenció que se trataba de erratas.

'Chirimbolos'. Con los votos del PP, el Ayuntamiento adjudicó a Cemumasa el contrato del mobiliario urbano. Unos meses después, el PP conoció que el patrón de Cemumasa, Jean Charles Decaux, había sido condenado antes en Lieja por sobornar a un alcalde. Este hecho fue ocultado por Cemumasa al Ayuntamiento. La izquierda alzó la sentencia para pedir la rescisión del contrato de los chirimbolos.

Corella dictaminó que la adjudicación había sido correcta, pues se hizo teniendo en cuenta la antigua Ley de Contratos del Estado, que no atiende a condenas dictadas fuera de España.