El Gobierno rechaza la petición de Garzón y se niega a desclasificar los documentos del Cesid sobre los GAL

El Gobierno ha decidido mantener bajo la clasificación de documentos secretos los papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) referentes a supuestas actividades de los GAL. Con este acuerdo, el Ejecutivo responde negativamente a la petición formulada el pasado 15 de diciembre por el juez Baltasar Garzón para que aquéllos fueran desclasificados por el Consejo de Ministros y, por tanto, pudieran ser conocidos por el magistrado que instruye varios sumarios sobre la guerra sucia contra ETA.Entiende el Gobierno que desclasificar tales informes "pondría en peligro las fuentes de...

El Gobierno ha decidido mantener bajo la clasificación de documentos secretos los papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) referentes a supuestas actividades de los GAL. Con este acuerdo, el Ejecutivo responde negativamente a la petición formulada el pasado 15 de diciembre por el juez Baltasar Garzón para que aquéllos fueran desclasificados por el Consejo de Ministros y, por tanto, pudieran ser conocidos por el magistrado que instruye varios sumarios sobre la guerra sucia contra ETA.Entiende el Gobierno que desclasificar tales informes "pondría en peligro las fuentes de información del Cesid, así como la seguridad personal de quienes son, o fueron, miembros del mismo, lo que afectaría de modo sensible y negativamente a la seguridad del Estado".

Garzón había solicitado al Ejecutivo que levantara la clasificación de secreto sobre los documentos el mismo día en que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo dio la razón a Defensa en su negativa a entregar al juez los informes. En el auto, el Supremo indicaba que era el propio Gobierno el competente para desclasificar o no los documentos que antes hubiera considerado secretos.

Ayer, la acción popular del caso GAL presentó ante el Constitucional una demanda de amparo contra el acuerdo del Supremo porque, en su opinión, Defensa "se arroga una competencia que no le corresponde" confundiendo sus propios intereses "frente al interés legítimo del juez".