El PP pide que se suspenda el juicio a uno de sus senadores mientras exige que siga que siga el 'caso GAL'

El Partido Popular solicitó ayer al Tribunal Supremo la suspensión de un juicio por insultos y amenazas contra su senador por Pontevedra José Castro Álvarez, previsto para el día 10 de enero, argumentando que el presidente del Gobierno, Felipe González, ha expresado su voluntad de disolver las Cámaras. Mientras el PP reclamaba la suspensión de un proceso para uno de sus parlamentarios, el vicesecretario general de este partido, Mariano Rajoy, exigía públicamente que el alto tribunal continúe la tramitación del caso GAL, que afecta a parlamentarios del PSOE, porque "no existe ninguna raz...

El Partido Popular solicitó ayer al Tribunal Supremo la suspensión de un juicio por insultos y amenazas contra su senador por Pontevedra José Castro Álvarez, previsto para el día 10 de enero, argumentando que el presidente del Gobierno, Felipe González, ha expresado su voluntad de disolver las Cámaras. Mientras el PP reclamaba la suspensión de un proceso para uno de sus parlamentarios, el vicesecretario general de este partido, Mariano Rajoy, exigía públicamente que el alto tribunal continúe la tramitación del caso GAL, que afecta a parlamentarios del PSOE, porque "no existe ninguna razón para que unas elecciones suspendan el normal funcionamiento de los tribunales de Justicia".Fuentes jurídicas informaron que el abogado del senador Castro Álvarez presentó ayer por la mañana un escrito en el Supremo en el que reclama la suspensión del juicio debido al anuncio del presidente del Gobierno de disolver las Cámaras. El defensor del senador Castro Álvarez, Juan Ramón Montero Estévez -que también representa legalmente al PP como acusador en el caso Filesa-, aduce también que con la próxi0i9a entrada en-vigor del nuevo Código Penal la normativa a a plicar sería más favorable. Montero Estévez no atendió ayer las reiteradas llamadas de este diario a su despacho profesional paraque diera su version.

La solicitud de suspensión del juicio contra el senador popular contrasta con las manifestaciones del vicesecretario popular Mariano Rajoy, que ayer aseguró a El Mundo que el Supremo no debe suspender la tramitación del caso GAL. "En un país donde los poderes básicos del Estado funcionan de forma independiente no existe ninguna razón para que unas elecciones suspendan el normal funcionamiento de los tribunales", dijo.

De accederse a la suspensión del juicio contra el senador popular, sería la tercera ocasión que éste se libra de responder ante el Supremo por presuntos delitos de insultos y amenazas relacionados con el mantenimiento de una emisora de televisión local en Ponteareas, localidad de la que el senador ha sido alcalde durante los últimos 30 años.

Procesamientos en campaña

La suspensión o no del caso GAL durante el período electoral ha originado una nueva batalla político-judicial en la que ya han entrado las asociaciones judiciales conservadoras y la oposición parlamentaria -PP e IU-, que exigen la continuación de la tramitación del proceso con el evidente propósito de hacer coincidir la campaña electoral con un eventual procesamiento del ex ministro José Barrionuevo.Incluso los policías procesados que han confesado su participación en el secuestro de Segundo Marey y en otras acciones de los GAL y que buscan una salida política tratando de arrastrar hasta el banquillo a la cúpula de Interior y al Presidente del Gobierno -Miguel Planchuelo, Francisco Álvarez, José Amedo y el ex dirigente socialista Ricardo Garcia Damborenea-, se sumaron ayer a la peticiones para que la causa no se paralice durante el periodo electoral.

Según fuentes del Supremo, las causas especiales contra parlamentarios o de matiz marcadamente político se han paralizado siempre durante los periodos electorales, precisamente para no interferir en las elecciones con decisiones jurisdiccionales que pudieran ser utilizadas como arma arrojadiza entre candidatos durante las campaña.

En las elecciones de 1993, la Sala Segunda del Supremo adoptó el acuerdo de que cada tribunal que tuviese asignada una causa especial decidiese si paralizaba o no la misma, atendiendo a las vicisitudes de cada caso. En aquel momento, la oposición jaleaba al juez Marino Barbero para que continuase la instrucción del caso Filesa. El polémico magistrado llegó a convocar a los peritos de Hacienda para una simple ratificación en sus informes dos días antes de las elecciones, aunque la citación fue finalmente revocada.