El fruto del acuerdo del 92

Hay que remontarse a la primera mitad de los años ochenta para que el desarrollo autonómico alcance una cota similar a la que se ha logrado en esta legislatura.El cuadro de traspasos es expresivo. Sólo durante la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, entre 1981 y 1985, se alcanzó un proceso de traspasos similar al de los dos últimos años, en el que las principales beneficiarias han sido las comunidades reguladas por el artículo 143 de la Constitución o de vía lenta.

El Ministerio para las Administraciones Públicas, encabezado por Joan Lerma, concreta, en su balance de fi...

Hay que remontarse a la primera mitad de los años ochenta para que el desarrollo autonómico alcance una cota similar a la que se ha logrado en esta legislatura.El cuadro de traspasos es expresivo. Sólo durante la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, entre 1981 y 1985, se alcanzó un proceso de traspasos similar al de los dos últimos años, en el que las principales beneficiarias han sido las comunidades reguladas por el artículo 143 de la Constitución o de vía lenta.

El Ministerio para las Administraciones Públicas, encabezado por Joan Lerma, concreta, en su balance de fin de legislatura que el Gobierno ha traspasado 119 competencias a las comunidades reguladas por el artículo 143. Las más importantes son las de Universidades, Trabajo e Inserso, con un valor de 195.726 millones.

La explicación de este impulso está en el cumplimiento de los pactos autonómicos que firmaron Felipe González y José María Aznar en 1992. Sólo quedan pendientes las competencias de Enseñanza Media y Básica para terminar de completar los acuerdos, cuyo horizonte final está fijado en 1997.

No obstante, también las comunidades de vía rápida -Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía-, reguladas por el artículo 151 y que están al margen de los pactos, han recibido 39 traspasos del Estado, aunque sus contenidos no son trascendentales. Su valor es de 125.849 millones.

Otro aspecto importante es la aprobación de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, pactados también entre el PSOE y el PP, que cierra un contencioso pendiente desde que se aprobó la Constitución.

El balance se completa con los 298 convenios suscritos entre el Gobierno y las comunidades, el mayor desde que comenzó el Estado de las Autonomías, y la caída de la conflictividad jurídica, la menor desde 1981, con sólo ocho impugnaciones.