El Congreso aprueba la ley del cable

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la ley de Telecomunicaciones por Cable tras un consenso de los partidos PSOE, CiU, PNV e IU-IC, a los que se ha opuesto abiertamente el PP. El partido que preside José María Aznar reiteró que modificará esta ley tras las próximas elecciones, contando con la victoria electoral.Fruto de un consenso conseguido en los últimos meses, el texto de la ley no satisface en su totalidad a ninguno de los partidos que la han apoyado, pero todos ellos la calificaron ayer de necesaria y positiva. En la votación final obtuvo 192 votos, mientra...

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la ley de Telecomunicaciones por Cable tras un consenso de los partidos PSOE, CiU, PNV e IU-IC, a los que se ha opuesto abiertamente el PP. El partido que preside José María Aznar reiteró que modificará esta ley tras las próximas elecciones, contando con la victoria electoral.Fruto de un consenso conseguido en los últimos meses, el texto de la ley no satisface en su totalidad a ninguno de los partidos que la han apoyado, pero todos ellos la calificaron ayer de necesaria y positiva. En la votación final obtuvo 192 votos, mientras que otros 123, del Grupo Popular, fueron negativos. En la misma sesión del pleno fue aprobada también la ley de televisiones locales por ondas terrestres.

La portavoz del PP en materia de Telecomunicaciones, Ana Mato, consideró esta ley como "fruto de un pacto anti natura, texto improvisado, lleno de parches y componendas, consensuado para actuar contra el PP y contra un sector de los ayuntamientos". Y anunció "el compromiso" de su partido de cambiarla.

Miguel Ángel Rodríguez, director de Comunicación del PP, añadió después que si el Gobierno recurre los concursos convocados por los ayuntamientos del PP, como ha indicado la secretaria general de Comunicaciones, "nosotros recurriremos la ley por inconstitucional".

El portavoz socialista Víctor Morlán recriminó al PP que no acepte la votación de la mayoría, "sobre todo teniendo en cuenta que no quiso participar en el consenso". Luis Recoder, de CiU, se mostró satisfecho del texto aprobado, aunque reconoció que se podía haber mejorado, en especial en la ampliación del límite de habitantes por demarcación (mínimo de 50.000, según la ley).

Felipe Alcaraz, de IU, consideró la ley aprobada como progresista y defendió el polémico tope de 1,5 millones de abonados a cada operador de televisión por cable, en lo cual no están de acuerdo los demás partidos; ni el ministro José Borrell, ni los empresarios que piensan invertir en el cable. Esa limitación afecta sólo al servicio de televisión y no a los demás servicios de telecomunicación (telefonía, transmisión de datos y otros) que se presten a través del cable.

Borrell señaló, por su parte, que con esta ley el Gobierno culmina sus compromisos en materia de telecomunicaciones y, junto con la reciente aprobación de la ley de liberalización del satélite, "se completa el mapa audiovisual español".

En la ley de cable aprobada ayer se califican de servicio público y de titularidad estatal las comunicaciones por cable. Se prestarán por demarcaciones territoriales que deberán comprender un mínimo de 50.000 habitantes y un máximo de dos millones. La aprobación de las demarcaciones corresponde a los ayuntamientos y la concesión de la licencia para operar descansa en una comisión integrada por la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

En cada demarcación sólo podrá existir un operador, además de Telefónica. Esta compañía deberá, para comenzar a operar, esperar 9 meses desde la resolución del concurso de cable en cada demarcación.

Norma polémica

Pocas normas han sido aprobadas en un clima polémico tan especial como el que ha acompañado a la ley de cable. Tras circular desde 1993 diferentes borradores el proyecto fue aprobado por el Gobierno en diciembre de 1994. Dada la disparidad de posiciones entró los partidos el proyecto permaneció "dormido" hasta que en octubre pasado se planteó el consenso tras el anuncio de los alcaldes de 54 ciudades de más de 100.000 habitantes, regidas por el PP, de convocar concursos de cable de forma inmediata.