Los Emiratos no "consideran" perdonar los latigazos a Sarah

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desmintieron ayer que contemplen la posibilidad de perdonar los 100 latigazos a que fue condenada la criada filipina Sarah Balabagan, de 16 años," como castigo por matar a su patrón, que la había violado.

"El perdón no está siendo considerado por el momento", manifestó ayer un responsable, oficial que quiso permanecer en el anonimato.

Fuentes cercanas al caso habían informado de que el presidente de los EAU, jeque Said ben Sultan al Nahayan, podría eximir de los azotes a Balabagan y liberarla como parte de una amnistía general pronunciada con ...

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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desmintieron ayer que contemplen la posibilidad de perdonar los 100 latigazos a que fue condenada la criada filipina Sarah Balabagan, de 16 años," como castigo por matar a su patrón, que la había violado.

"El perdón no está siendo considerado por el momento", manifestó ayer un responsable, oficial que quiso permanecer en el anonimato.

Fuentes cercanas al caso habían informado de que el presidente de los EAU, jeque Said ben Sultan al Nahayan, podría eximir de los azotes a Balabagan y liberarla como parte de una amnistía general pronunciada con motivo de alguna festividad política o religiosa. "No he oído nada al respecto", señaló el responsable.

Balabagan -a quien previamente se había indultado de la pena de muerte- fue condenada a un año de prisión y a recibir 100 latigazos antes de ser deportada. De hecho, podría no cumplir la pena de cárcel por haber permanecido ya en prisión 15 meses.

Los padres de la joven, presentes en el juicio, habían anunciado que no recurrirán el veredicto para no prolongar las controversias suscitadas por el caso. Pero el embajador filipino en los EAU, Roy Señeres, dijo la semana pasada que urgiría al presidente Fidel Ramos para que apelase al jeque Said ben Sultan al Nahayan.

El mandatario emiratí había convencido previamente a la familia del patrón para que dispensase a Sarah del pago en sangre previsto en la ley islámica y aceptase una indemnización de unos cinco millones de pesetas. El dinero fue pagado por un funcionario de la Embajada filipina.

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