El Defensor del Pueblo pidió hace 15 días a Interior que adoptara soluciones

Antonio Rovira Viñas, adjunto al Defensor del Pueblo, visitó Ceuta el pasado 22 de septiembre y, tras comprobar la situación de los inmigrantes, expuso a la delegada del Gobierno, Carmen Cerdeira, su criterio de que la situación era "muy delicada".El Defensor del Pueblo envió un escrito, el pasado 29 de septiembre, a la viceministra de Interior, Margarita Robles, para recomendarle que adoptara medidas que impidieran el estallido de un grave conflicto. El defensor recomendaba que se mejorasen las lamentables condiciones de vida de esos cientos de inmigrantes, que se confeccionara "urgentemente"...

Antonio Rovira Viñas, adjunto al Defensor del Pueblo, visitó Ceuta el pasado 22 de septiembre y, tras comprobar la situación de los inmigrantes, expuso a la delegada del Gobierno, Carmen Cerdeira, su criterio de que la situación era "muy delicada".El Defensor del Pueblo envió un escrito, el pasado 29 de septiembre, a la viceministra de Interior, Margarita Robles, para recomendarle que adoptara medidas que impidieran el estallido de un grave conflicto. El defensor recomendaba que se mejorasen las lamentables condiciones de vida de esos cientos de inmigrantes, que se confeccionara "urgentemente" un registro sobre la situación y la personalidad de cada uno de los africanos y que se aplicara la Ley de Extranjería.

Fuentes del Defensor del Pueblo consideran que Interior se ha desentendido del problema y ha dejado que "se pudra la situación", que desde hace meses venía siendo calificada de "explosiva". Los mismos medios "condenan" los incidentes de ayer.

Antonio Rovira, comprobó que "el ambiente estaba muy cargado", debido a que cientos de africanos con edades cornprendidas entre 18 y 30 años, todos varones excepto una mujer, deambulaban por la ciudad (alguno de ellos desde hace siete meses). La situación se agravó desde que la Delegación del Gobierno interrumpió el proceso en el que había permitido la entrada en la Península de 30 o 40 de esas personas. Paralelamente, seguía sin elaborarse un censo que permitiera determinar caso a caso quién debía sé, expulsado, quién incluido en el registro de extranjeros en situación irregular y quién internado en un centro para inmigrantes.