El tapón de Chile, 16

Los propietarios de dos bloques de viviendas del distrito de Chamartín llevan cuatro años y medio batallando contra la Dirección General de Tráfico (DGT). Los 80 vecinos de los inmuebles situados en la calle de Chile números 14 y 18, le han ganado una batalla. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado el derribo de lo construido porque la licencia municipal no se ajustaba a las normas urbanísticas Pero no es la última. Tráfico interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo.La DGT comenzó en 1991 a levantar un edificio a un palmo de sus ventanas. Había solicitado al Ayunt...

Los propietarios de dos bloques de viviendas del distrito de Chamartín llevan cuatro años y medio batallando contra la Dirección General de Tráfico (DGT). Los 80 vecinos de los inmuebles situados en la calle de Chile números 14 y 18, le han ganado una batalla. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado el derribo de lo construido porque la licencia municipal no se ajustaba a las normas urbanísticas Pero no es la última. Tráfico interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo.La DGT comenzó en 1991 a levantar un edificio a un palmo de sus ventanas. Había solicitado al Ayuntamiento una licencia de demolición y ampliación de una nave de una planta de altura que era propiedad del Patronato de Huerfános de la Guardia Civil. El entonces concejal de Chamartin Miguel Cantos, concedió el permiso municipal.

Precisamente, la sentencia del Trbunal Superior -dictada el pasado junio y comunicada a las partes en septiembre- considera contraria a la normativa urbanística la licencia municipal.

Tráfico emprendió la transformación de la antigua nave en un edificio de oficinas de tres plantas. Pretende que esta sede alivie la de Arturo Soria, donde se tramitan los permisos de conducir y donde las colas son habituales.

Cuando los vecinos vieron acercase los ladrillos a sus ventanas iniciaron el trámite jurídico-administrativo. Un interdicto judicial paró las obras en enero de 1992.

Eugenio Melillos, un médico de 58 años que vive en el primer piso de Chile, 14, tiene, la conducción de ventilación bajo su ventana. Recuerda los últimos años de solidaridad vecinal: "Todas las asociaciones de vecinos de Chamartín nos han apoyado", dice. Rifas, colectas, para obtener dinero y pagar a los abogados. Se han gastado casi un millón anual en mantener vivo el pleito. Eugenio es consciente de que cuando compró su casa, la escritura señalaba que tenía derecho a luces y vistas hacia el solar del Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil. Él y otros vecinos, como Pedro Callado, de 71 años, ya jubilado, han sido pertinaces en la pelea de una institución vecinal contra una del Estado. Además, la pelea les ha servido para fraguar amistades: "Antes no conocía a éste?, dice Eugenio señalando a Pedro Callado, que preside la Asociación de Vecinos que se creó a causa del edificio que tapa a la luz y las vistas.

También ha sido pertinaz la institución demandada. En 1992 pidió a los vecinos 400 millones de fianza por la paralización de las obras. "Nos querían apear del proceso a millonazos", recuerdan ahora. Tráfico arguyó que la fianza se solicitaba a cambio del dinero que iba a perder la Hacienda pública en el caso de que finalmente se levantase el edificio.

Continuó el contencioso. Y las protestas. Los vecinos, de edad madura, no tuvieron reparo en empuñar pulverizadores y hacer pintadas callejeras. La fachada de ladrillo del tapón a medio construir estaba plagada de frases hechas con pintura metálica.

Este grupo de vecinos se encuentran satisfechos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero también saben que está lejos el momento de cantar la victoria definitiva. "Ya le dirá Tráfico a un abogado del Estado que recurra", asevera el presidente de la asociación, Pedro Callado. Sus amigos asienten: alguno, apunta por lo bajo: "Como disparan con pólvora del Rey... [con dinero público]".

A Eugenio le gustaría que el Ayuntamiento se interesase más por ellos: a la postre, es la Administración local la que concedió una licencia que ahora los magistrados consideran infractora de las normas urbanísticas: "El alcalde debería poner interés en nosotros, decirle al concejal que resuelva. este caso".