El Gobierno prepara la tercera reconversión minera en cinco años
El Ministerio de Industria y Energía negocia con los sindicatos CC OO y UGT una nueva reconversión en la minería del carbón, la tercera en cinco años, con reducciones de actividad, cierre de explotaciones y la reactivación económica de las cuencas afectadas. La medida del Gobierno, que se plasmará en un decreto ley con dos órdenes ministeriales, irá acompañada de ayudas económicas y sociales para unas 2.000 bajas incentivadas, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas hasta 1997, pero prorrogables hasta el año 2002.
La aplicación del decreto, que según calcula el Ministerio de Indu...
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El Ministerio de Industria y Energía negocia con los sindicatos CC OO y UGT una nueva reconversión en la minería del carbón, la tercera en cinco años, con reducciones de actividad, cierre de explotaciones y la reactivación económica de las cuencas afectadas. La medida del Gobierno, que se plasmará en un decreto ley con dos órdenes ministeriales, irá acompañada de ayudas económicas y sociales para unas 2.000 bajas incentivadas, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas hasta 1997, pero prorrogables hasta el año 2002.
La aplicación del decreto, que según calcula el Ministerio de Industria y Energía no entrará en vigor hasta el último trimestre del presente año, establecerá ayudas hasta diciembre de 1997 en torno a los 266.117 millones de pesetas mediante la tarifa eléctrica y consignaciones de 192.756 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado para las explotaciones con contrato programa, según ha señalado a EL PAÍS el recientemente nombrado nuevo director general de Minas, Jesús Candil.Los sindicatos estudian ahora una mejora de las propuestas económicas del Gobierno relativas a los trabajadores que pierdan su puesto. El Ministerio de Industria calcula que unos 2.000 de los más de 12.200 mineros de explotaciones sin contrato programa (es decir, las privadas) en el país son los que podrían resultar afectados por esta nueva reestructuración hasta 1997, según confirmó Candil.
La rebaja de la edad de los mineros afectados por esta nueva reconversión (hasta ahora era a partir de los 47 años debido a los coeficientes reductores derivados de las diferentes funciones realizadas en la mina), las indemnizaciones y el freno a las subcontratas son el principal caballo de batalla de los sindicatos mayoritarios.
Las bajas incentivadas podrían establecerse en torno a los 6,5 millones de pesetas de media, por trabajador y de unos 10 millones para los mineros enfermos de silicosis, según se recoge en la propuesta inicial del Ministerio de Industria.
Respuesta empresarial
La patronal minera leonesa estima que alrededor de 700 trabajadores de unas cuatro explotaciones podrían perder su empleo en esta nueva reestructuración, si bien se muestran pesimistas en cuanto a la futura viabilidad de otras a causa del precio del carbón y la exigencia de estar al día en el pago a Hacienda y Seguridad Social y de realizar inversiones en mejoras técnicas. Para Mario Moliner, presidente de la Asociación de Empresarios de Minas de León, "no se puede asumir la pérdida de más de dos puntos anuales en el precio del carbón".En 1989 había 19.154 trabajadores en España en la minería del carbón. Desde esa fecha hasta 1994 se han perdido un total de 6.944 puestos, repartidos de la siguiente forma: León, 3.137 trabajadores; Asturias, 1.867,trabajadores; Teruel, 1.162 trabajadores; Palencia, 553 trabajadores; Córdoba, 207 trabajadores, y Cataluña, 18 trabajadores.
Es decir, desde esa fecha la pérdida de empleo en el sector minero privado ha sido constante, con un claro fracaso de las medidas de reindustrialización. Tan sólo en las minas de León se perdieron el pasado año 800 puestos de trabajo directos, aunque unos 200 mineros lograron recolocarse en otras explotaciones. En esta provincia, el sector cuenta en la actualidad con cerca de 8.000 mineros.
Las empresas mineras que reduzcan actividad o cierren podrían percibir en tomo a 10.000 pesetas por tonelada de carbón suprimida del cupo establecido, cantidad similar a la establecida: en las dos reestructuraciones anteriores.
Según las centrales sindicales, uno de los aspectos más positivos del plan minero planteado por el Gobierno es el programa de reactivación de las cuencas, con una aportación concreta de 10.000 millones de pesetas anuales. En este sentido, los sindicatos exigen que la reactivación económica de las zonas en declive no sea tan sólo teórica y se lleve a cabo con la participación directa de todas las fuerzas sindicales.
En opinión del director general de Minas, el futuro decreto ley "crea un entramado normativo muy importante para el sector de la minería privada del carbón, estabilizándolo de forma definitiva".
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