Espantada de Barbero
EL JUEZ Marino Barbero tiene todo el derecho a renunciar a la carrera judicial, a la que se incorporó libremente como jurista de reconocido prestigio por el llamado cuarto turno (tradicional vía de acceso directo al Tribunal Supremo para cubrir la cuarta parte de sus plazas vacantes). Pero no con vence que alegue como causa de su súbita decisión la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante ciertas críticas del presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Más que un argumento parece un pretexto.El juez Barbero ha estado bajo la mirad...
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EL JUEZ Marino Barbero tiene todo el derecho a renunciar a la carrera judicial, a la que se incorporó libremente como jurista de reconocido prestigio por el llamado cuarto turno (tradicional vía de acceso directo al Tribunal Supremo para cubrir la cuarta parte de sus plazas vacantes). Pero no con vence que alegue como causa de su súbita decisión la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante ciertas críticas del presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Más que un argumento parece un pretexto.El juez Barbero ha estado bajo la mirada de la opinión pública durante su larga y, sin duda, compleja instrucción del caso Filesa. Muchas de sus decisiones han sido criticadas legítimamente. Él mismo, sin duda animado por la notoriedad que le dio instruir un asunto de tanta trascendencia política y social como el caso Filesa, no escatimó las críticas públicas al Gobierno. En ese contexto hay que enmarcar las que, a su vez, le tocó padecer a él por una labor instructora que parecía inacabable. Muy especialmente sufrió la rudeza verbal de Rodríguez Ibarra. Sus críticas fueron duras, y puede que en parte injustas, pero en ningún momento cuestionaron su legitimidad jurisdiccional y su independencia.
Ése es el fondo de la cuestión. El juez Barbero puede o no aguantar las crítica, pero no puede escudarse tras el Consejo del Poder Judicial. Esta institución no está para defender a los jueces de la crítica social, e incluso política, sino para velar por su independencia y para que nadie -poder público o privado- se entrometa en sus decisiones. El Consejo ha aplicado los amplios baremos de libertad de crítica que los tribunales admiten en el campo de las relaciones políticas y sociales.
La agria y violenta polémica que hoy sacude a este país, en la que los jueces desempeñan un papel sin duda excesivo, somete a los protagonistas a fuerte presión. Pero no es el juez Barbero quien puede tirar la primera piedra en este campo. No ha dudado en criticar a quienes eran objeto de su instrucción e incluso a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, que en ocasiones le han llamado la atención o han *rechazado sus propuestas. Barbero no necesitaba, por lo demás, acusar al Poder Judicial. para justificar una espantada, que muchos españoles aceptarán con comprensión. La interminable instrucción del caso Filesa tendrá que esperar ahora hasta septiembre a que se nombre un nuevo juez instructor que se haga cargo del asunto. Antes de comenzar la tarea tendrá que ponerse al día de los miles de folios que Barbero ha acumulado durante tres años de investigación. Malos augurios para la rapidez exigible siempre a la justicia.