El dilema

EL MENSAJE que CiU (Convergència i Unió) lanzó ayer al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre los GAL fue terminante: o recupera a marchas forzadas la confianza de los ciudadanos o da por terminada la legislatura y convoca de inmediato elecciones generales. El socio parlamentario del Gobierno no retiró explícitamente su apoyo a. Felipe González, incluso reiteró su confianza en él, pero le situó frente a un dilema de difícil salida. El diagnóstico del portavoz, de CiU, Joaquim Molins, fue que el presidente tiene un problema de credibilidad más que de mayoría parlamentaria. Desde...

EL MENSAJE que CiU (Convergència i Unió) lanzó ayer al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre los GAL fue terminante: o recupera a marchas forzadas la confianza de los ciudadanos o da por terminada la legislatura y convoca de inmediato elecciones generales. El socio parlamentario del Gobierno no retiró explícitamente su apoyo a. Felipe González, incluso reiteró su confianza en él, pero le situó frente a un dilema de difícil salida. El diagnóstico del portavoz, de CiU, Joaquim Molins, fue que el presidente tiene un problema de credibilidad más que de mayoría parlamentaria. Desde ayer, González está un poco más solo políticamente aunque no haya dado indicación alguna de que vaya a modificar su calendario de elecciones generales para marzo de 1996.El presidente se anotó, sin embargo, un difícil éxito parlamentario en el tema concreto que motivó la celebración urgente del Pleno del Congreso: las declaraciones de García Damborenea que le implicaban en la creación de los GAL. González tomó la delantera a su acusador y aportó fechas y, datos concretos frente a la imputación genérica que aquél le hizo. Detalló sus entrevistas con el ex secretario de los socialistas vizcaínos -ninguna en 1983 y cuatro en 1984, siempre con testigos y por motivos ajenos a la lucha antiterrorista- e intentó destruir la motivación que, según García Damborenea, habría justificado la creación de los GAL: obligar a Francia a un cambio de actitud frente a ETA. González fue categórico en este punto: ese cambio fue consecuencia de su entrevista con el presidente Miiterrand en diciembre de 1983. No era necesario, pues, crear los GAL para conseguir ese objetivo. Además, según el presidente del Gobierno, las actividades de los GAL estaban en contradicción con las líneas maestras de toda la política antiterrorista del Gobierno.

Nada de esto impedirá, al parecer, que el juez Garzón eleve hoy al Tribunal Supremo un escrito en el que afirma haber encontrado indicios de delito en la actuación de Felipe González. La declaración de Damborenea, a la que prácticamente no se acogió nadie ayer en el Congreso, ni siquiera los opositores más feroces, sirve así para formular una acusación penal contra el presidente del Gobierno, los ex ministros Narcís Sería y Josí5 Barrionuevo y el dirigente socialista José. María Benegas. A, partir de hoy, la Sala Segunda del Supremo tendrá que valorar el escrito de Garzón y decidir si la pala bra de Damborenea tiene suficiente fuerza indiciaria. Por lo oído ayer, parece, cuando menos, una temeridad' someter a este país a tal prueba a partir de testimonio tan discutible.

González salió, pues reforzado frente a las imputaciones de García Damborenea, pero a partir de hoy su evaluación correrá a cargo de tres magistrados. En su contraataque González se amparó justamente en dos resoluciones recientes del Supremo sobre el caso Crillón y el caso Laos. Tal vez por ello la oposición. trató de desplazar el debate de la declaración concreta de Damborenea a la responsabilidad política del presidente por la implicación de altos funcionarios y responsables políticos en las actividades criminales de los GAL.

A José María Aznar no le interesó saber quién era más creíble, si el presidente del Gobierno o el procesado García Damborenea -"no es mi tarea juzgar- quién dice la verdad", afirmó- y exigió a González una explicación verosímil y creíble sobre toda una serie de hechos respeto de los que, a su. entender, no se ha dado ninguna. Por ejemplo, cómo fue posible que los GAL actuaran durante años, utilizaran estructuras, armas y fondos públicos en sus actividades, estuvieran implicados altos responsables de la seguridad del Estado y, que el Gobierno no investigara lo que sucedía... Y mientras esa explicación falte, para el líder del PP no queda otra salida que aceptar la "lógica implacable" de la responsabilidad del Gobierno. Esos hechos y la falta de explicación sobre los mismos por parte de González también constituyeron el leitmotiv de la intervención del líder de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita. Y como, a juicio de ambos, González no dio esa explicación, arribos volvieron a pedir la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones generales. Iñaki Anasagasti le negó también a González el crédito de su grupo, aunque, centró sus ataques en Barrionuevo y anunció, que el PNV no acudirá a la Comisión Constitucional mientras aquél no sea relevado de la presidencia.

González no rehuyó dar la explicación que Aznar, Anguita y el resto de los grupos parlamentarios le reclamaban. El presidente del Gobierno enumeró una a una sus condenas de los GAL entre 1983 y 1987, atribuyó a su Gobierno y a las Fuerzas de Seguridad del Estado algunas de las investigaciones hechas en aquellos años sobre este grupo criminal, seguidas en algún caso de condenas judiciales, y achacó la ausencia de una investigación más exhaustiva al hecho de que sus actividades criminales tuvieran lugar en Francia. No obstante, González insistió en que su Gobierno colaboró con las autoridades francesas en la persecución de los elementos de los GAL en su territorio. Pero los esfuerzos explicativos del presidente se encontraron ante un frontón de incredulidad, salvo entre sus socios de CiU.

Puestos a elegir entre la palabra del presidente del Gobierno y la de García Damborenea, los nacionalistas catalanes no albergaron dudas: la del antiguo secretario de los socialistas vizcaínos no les merece ningún crédito, ni ahora ni, antes. Pero es la falta de credibilidad del presidente del Gobierno en la calle y en la sociedad lo que, a su juicio, hace inoperante la acción del Gobierno. De ahí su emplazamiento a González a que recupere esa credibilidad o, en caso contrario, convoque elecciones generales antes de terminar el año. Puesto en esa tesitura, al presidente del Gobierno no le va a resultar fácil aguantar el envite. O recupera esa confianza o quizás no le quede otra salida que adelantar la cita electoral por más repugnancia que produzca, a nosotros y a muchos ciudadanos, el que los tiempos políticos los marquen en una democracia algunos delincuentes, presuntos o convictos.