La quiebra de un proyecto con más de 20.000 afectados

Carlos Sotos Pulido, ex presidente de IGS y ex gerente de la cooperativa PSV, encabezó un proyecto que llegó a contar con cerca de 20.000 cooperativistas que aportaron unos 38.000 millones de pesetas. El retraso en la construcción de viviendas provocó desde 1992 el malestar de miles de socios. Ese malestar culminó en un escándalo mayúsculo que desencadenó la suspensión de pagos de la cooperativa PSV y su gestora IGS en diciembre de 1993 con un pasivo de 200.000 millones. El sindicato UGT se vio obligado a hacerse cargo del proyecto, del que formalmente sólo tenía el 47% de las acciones. Los cr...

Carlos Sotos Pulido, ex presidente de IGS y ex gerente de la cooperativa PSV, encabezó un proyecto que llegó a contar con cerca de 20.000 cooperativistas que aportaron unos 38.000 millones de pesetas. El retraso en la construcción de viviendas provocó desde 1992 el malestar de miles de socios. Ese malestar culminó en un escándalo mayúsculo que desencadenó la suspensión de pagos de la cooperativa PSV y su gestora IGS en diciembre de 1993 con un pasivo de 200.000 millones. El sindicato UGT se vio obligado a hacerse cargo del proyecto, del que formalmente sólo tenía el 47% de las acciones. Los créditos oficiales evitaron in extremis la quiebra del proyecto.Sotos entró en Alcalá Meco con el firme propósito de aclarar sus responsabilidades en la gestión de la cooperativa, que él siempre consideró limitadas y acordes con sus mentores del sindicato. Para el ex concejal del PCE, la tormenta PSV se había desatado por un simple problema de financiación bancaria -precisaba 80.000 millones de pesetas para construir- alimentado por algunos políticos socialistas quemados por la oposición frontal del sindicato UGT a los planteamientos del Gobierno.

Durante un tiempo, Sotos no descargó responsabilidades. Pero a pesar de sus firmes anuncios de que jamás pertenecería "al club de los tiradores de la rnanta", determinados acontecimientos le hicieron mudar de opinión. Las manifestaciones autoexculpatorias de los dirigentes de UGT en lo peor de la crisis PSV; el conocimiento de las decisiones adoptadas por otros en algunas de las empresas del grupo IGS -como la aseguradora UNIAL- y los apoyos excluyentes que recibió Paulino Barrabés, dirigente del PSOE y de UGT que compartió dos semanas su encierro en Alcalá por el escándalo PSV, colmaron aparentemente su paciencia.

En noviembre de 1994, tras cinco meses de cárcel, Sotos decidió explicar y explicó ante el juez que los dirigentes de UGT estaban al tanto de las operaciones que se hacían en el grupo, impulsándolas en algunos casos. Sotos habló de los problemas financieros del sindicato derivados de los procesos electorales y de los apoyos que las finanzas de la organización recibieron de IGS-PSV, como la adquisición de empresas con pérdidas (UNIAL, Tipografía Torreblanca,...).

Habló también de que Nicolás Redondo, que dejó la secretaría general de UGT marcado por el escándalo, conocía hechos como las 110.000 pesetas que recibían las arcas del sindicato por cada socio captado. Los ugetistas rechazaron las acusaciones.

Fue época de versiones encontradas y de careos (25 de febrero de 1995 con el secretario de finanzas Sebastián Reyna y con Nicolás Redondo). También de entrevistas autorizadas en las que Carlos Sotos dio un paso más y señaló como responsable político del fracaso PSV en el Gobierno al hoy ex vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Su escalada en la atribución de "responsabilidades compartidas" coincidió con el estallido de otros escándalos. La voz y el recuerdo de Carlos Sotos se fue apagando en medio del ruido provocado por otros grandes asuntos. Apenas, de vez en cuando, una carta a los periódicos recordaba que se seguía sintiendo "un rehén y la única persona que había dado la cara" en el caso PSV.