Los obispos arremeten contra las escuchas

"Es una agresión inmoral a la intimidad". Los obispos se sumaron ayer con un duro comunicado a las voces que piden que se aclaren "cuanto antes" las responsabilidades, penales y políticas, derivadas de las escuchas ilegales del Cesid. La nota fue emitida tras la clausura de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal y antes de que el presidente de ésta, Elías Yanes, y su secretario, José Sánchez, se entrevistasen en La Moncloa con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Si hubiera que creer al portavoz de los obispos, en su visita de hora y cuarto no sacaron a relucir,...

"Es una agresión inmoral a la intimidad". Los obispos se sumaron ayer con un duro comunicado a las voces que piden que se aclaren "cuanto antes" las responsabilidades, penales y políticas, derivadas de las escuchas ilegales del Cesid. La nota fue emitida tras la clausura de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal y antes de que el presidente de ésta, Elías Yanes, y su secretario, José Sánchez, se entrevistasen en La Moncloa con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Si hubiera que creer al portavoz de los obispos, en su visita de hora y cuarto no sacaron a relucir, quizá por cortesía, el tema de las escuchas. "No envidio al señor vicepresidente al tener que dar la cara en una situación tan delicada. El debate [en el Congreso] fue muy duro, y él pasó uno de los momentos más difíciles de su vida", había dicho horas antes monseñor Sánchez. La conversación con Serra habría girado, según su versión, en torno a los capellanes de prisiones, los profesores de religión de EGB y la asignación tributaria del Estado.

"No sé si conoce la nota", se limitó a decir el secretario de la conferencia, que también negó que hubieran hablado sobre la ampliación de la ley del aborto.

El contenido del documento, en cualquier caso, ya había sido difundido por las emisoras de radio y las agencias de noticias, por lo que se hace difícil pensar que el vicepresidente del Gobierno no tuviera conocimiento de él. En la nota, que no excluye las dimisiones, se subraya que "la intromisión ilegítima de responsables de instituciones del Estado en la vida de los ciudadanos supone una agresión inmoral a la intimidad de la persona humana y a sus derechos inalienables, mina la seguridad y la confianza requeridas para la convivencia en paz y socava el respeto debido a las instituciones y a sus representantes".