Promesas incumplidas en las 'favelas'

El Plan de Barrios en Remodelación acabó con 38.000 infraviviendas en una década, la de los ochenta. Sin embargo, la erradicación de 2.000 chabolas, habitadas en su mayoría por familias gitanas, amenaza con resultar una historia sin final.Aún quedan 900 familias pendientes de la vivienda digna que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid les prometieron para 1988. A ellas se han añadido otras mil que han construído su caseta con posterioridad. Es un problema de integración, justicia social y, a veces, picaresca, que también atañe al orden público: los núcleos marginales llevan a la delincuenci...

El Plan de Barrios en Remodelación acabó con 38.000 infraviviendas en una década, la de los ochenta. Sin embargo, la erradicación de 2.000 chabolas, habitadas en su mayoría por familias gitanas, amenaza con resultar una historia sin final.Aún quedan 900 familias pendientes de la vivienda digna que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid les prometieron para 1988. A ellas se han añadido otras mil que han construído su caseta con posterioridad. Es un problema de integración, justicia social y, a veces, picaresca, que también atañe al orden público: los núcleos marginales llevan a la delincuencia y ésta acaba afectando a todos.

Desde que en el otoño de 1991 vecinos de Villaverde vetaran el traslado de 80 familias gitanas de Los Focos a Los Molinos -cerca de Villaverde Bajo-, los programas de realojamiento han funcionado con muchas promesas e incumplimientos.

A menudo, las soluciones aportadas han creado nuevos problemas. Ése es el caso de los diez campamentos de casas bajas para chabolistas. Como cada vez se construyen más aislados de la población para evitar conflictos vecinales, se han consolidado en guetos.

La situación de las minorías étnicas en la región se ha complicado con un fenómeno nuevo: la progresiva llegada de inmigrantes. Este flujo de trabajadores de otros países cogió desprevenidas a las instituciones. La regularización de trabajadores inmigrantes de 1991 pudo llevarse a cabo gracias a la existencia de numerosas organizaciones no gubernamentales que suplían el despiste oficial.

Las medidas dirigidas a fomentar la integración de los recién llegados se han ido tomando, en cierto modo, a fuerza de desgracias. Sólo después de que la dominicana Lucrecia Pérez fuera asesinada en Aravaca, el Ayuntamiento decidió que era momento de iniciar un proyecto intercultural en este barrio madrileño, donde ya se percibían tensiones xenófobas. Después, las protestas vecinales en Embajadores han impulsado la creación de otro programa similar. También en esas fechas el Consistorio abrió un albergue en San Blas para solicitantes de asilo y refugio que sustituyó al del paseo del Rey.

La necesidad de buscar un alojamiento digno para los caribeños que compartían una discoteca abandonada con la malograda Lucrecia llevó al Gobierno regional a lanzar por fin un proyecto de pisos de alquiler con aval oficial. Así nació Provivienda, una entidad que pretende paliar el rechazo que sufren los inmigrantes cuando quieren arrendar un piso.

Por ese sistema se ha realojado, entre otras, a medio centenar de familias de Peña Grande (Fuencarral), el primer poblado chabolista magrebí. Después de dos años de negociaciones entre los gobiernos local y regional, tuvo que producirse un incendio para se dieran soluciones. La actual legislatura ha supuesto el reconocimieno del derecho a los servicios sociales para los inmigrantes regulares. Hasta hora la ley regignal restringía estas ayudas (acceo a vivienda pública, salario social, guarderías) a los españoles, y sólo hacía excepciones por cuestiones humanitarias. El reconocimiento de derechos por parte de la Asamblea de Madrid fue propuesto por IU y apoyado por el PSOE, pero tuvo el voto en contra del PP.