El fiscal rebajará las penas que propone para los 25 acusados de Terra Lhure si dejan claro su rechazo a las armas

La fiscalía de la Audiencia Nacional rebajará las penas de prisión que solicita para los 25 independentistas de Terra Lliure que a partir de hoy se sentarán en el banquillo de los acusados si muestran un rechazo decidido a la violencia. Las gestiones para conseguir un clima "favorable" de cara al macrojuicio que se inciará hoy en Madrid continuaron a lo largo de la semana pasada y entre ellas se produjo una reunión con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, según informaron fuentes cercanas a los procesados.Los independentistas se enfrentan a una pena global de 276 anos de cárce...

La fiscalía de la Audiencia Nacional rebajará las penas de prisión que solicita para los 25 independentistas de Terra Lliure que a partir de hoy se sentarán en el banquillo de los acusados si muestran un rechazo decidido a la violencia. Las gestiones para conseguir un clima "favorable" de cara al macrojuicio que se inciará hoy en Madrid continuaron a lo largo de la semana pasada y entre ellas se produjo una reunión con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, según informaron fuentes cercanas a los procesados.Los independentistas se enfrentan a una pena global de 276 anos de cárcel por las acusaciones de pertenencia y colaboración con banda armada, tenencia de explosivos y tenencia de armas. Nueve de ellos también serán juzgados por colocar diversos artefactos explosivos en oficinas del Inem, y en despachos de organización de. los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Fue en 1992 cuando se desencadenó una redada en la que fueron detenidos cerca de una cincuentena de independentistas de Barcelona, Tarragona, Girona y Castellón. La redada se produjo cuando faltaban pocos meses para los JJ 00 y por orden del juez-Baltasar Garzón. Lo masivo del operativo levantó la: protesta de muchos sectores políticos y sociales de Cataluña que consideraron "excesiva" la represión, primero en manos de la Guardia Civil y después por parte del juez Garzón. También se ha criticado que muchos de los acusados pasaron mucho tiempo en prisión preventiva -al juicio llegan cuatro de ellos en esa situación en proporción con los cargos que se les imputan.

Por esos motivos, formaciones políticas catalanas -Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya- e incluso el propio Gobierno de la Generalitat, a través de su Departamento de Justicia, han hecho diversas gestiones para conseguir que el macroproceso ponga punto final a las acciones violentas que, según el fiscal, fueron perpetradas por supuestos activistas de Terra Lliure. La organización se autodisolvió en 1991.

Fuentes que han participado en las gestiones realizadas para 1,1 sensibilizar" a la Justicia sobre esta circunstancia señalan que la fiscalía de la Audiencia Nacional, además de rebajar las penas, también ha mostrado su decisión de solicitar de oficio indultos para los procesados si son condenados finalmente por el tribunal de la Sección Tercera. "Eso sí, siempre que sean claros y no hagan ningún tipo de proclama favorable a la violencia o de defensa armada de la autodeterminación", matizó un conocedor del último contacto celebrado el pasado viernes en Madrid.

La coincidencia de todas las fuerzas políticas ante este juicio se plasmó en una resolución del Parlamento catalán en la que se instaba al Consejo Ejecutivo de la Generalitat para que requiriera a la Administración central que aplique las medidas previstas en la legislación para promover la plena incorporación de los independentistas acusados a la vida democrática. Por el mismo motivo, todos los partidos políticos catalanes, a excepción del Partido Popular, enviarán parlamentarios a las sesiones del juicio.