Los jueces de Alicante y San Sebastián se niegan a inhibirse por ahora en el 'caso Lasa y Zabala'

El caso Lasa y Zabala se convirtió ayer en objeto de disputa entre jueces. Cuando todo hacía indicar que de inmediato se haría cargo de él la Audiencia Nacional -tanto Carlos Bueren como Baltasar Garzón esperan poder reabrir la investigación-, en Alicante y el País Vasco han echado el freno. La juez Carmen Menárguez ha advertido que de momento el caso sigue siendo suyo y que los cadáveres no se moverán de Alicante hasta que ella lo diga. El magistrado donostiarra Fernando Andreu, que reclama los restos mortales, añadió que cuando Menárguez le ceda la causa no se inhibirá a favor de la Audienci...

El caso Lasa y Zabala se convirtió ayer en objeto de disputa entre jueces. Cuando todo hacía indicar que de inmediato se haría cargo de él la Audiencia Nacional -tanto Carlos Bueren como Baltasar Garzón esperan poder reabrir la investigación-, en Alicante y el País Vasco han echado el freno. La juez Carmen Menárguez ha advertido que de momento el caso sigue siendo suyo y que los cadáveres no se moverán de Alicante hasta que ella lo diga. El magistrado donostiarra Fernando Andreu, que reclama los restos mortales, añadió que cuando Menárguez le ceda la causa no se inhibirá a favor de la Audiencia Nacional en tanto no exista una identificación definitiva de los cadáveres.

Ante las dificultades puestas por el juzgado de Alicante para el traslado a San Sebastián de los restos, dos forenses de la Audiencia donostiarra viajarán a la capital alicantina para practicar los análisis de identidades.Si la magistrada lo autorizase -"por la importancia del caso pienso tomar rápido una decisión", dijo ayer-, los restos atribuidos a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala serían trasladados al Instituto de Toxicología de Madrid junto con muestras de sangre de sus madres para las pruebas de ADN. Con ellas se pretende la definitiva confirmación de las identidades.

Los análisis de ADN podría requerir de dos a tres semanas, y hasta que no estuviesen finalizados, el juez Andreu no remitiría el caso a la Audiencia Nacional. Todas las diligencias iniciadas por este juez, incluidas las dirigidas a localizar a los guardias civiles que estuvieron de servicio en la frontera en octubre de 1983, cuando se produjo supuestamente el traslado a España de los dos secuestrados, han quedado paralizadas mientras tanto.

El giro en la disposición inicial del magistrado donostiarra de inhibirse de forma inmediata puede estar relacionado con el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no informó de las averiguaciones llevadas a cabo en Alicante ni al instructor del caso, Fernando Andreu, ni al juzgado de la capital alicantina.

Fuentes judiciales de San Sebastián aseguran que Andreu se enteró el sábado de que, a propuesta de la acusación particular, el profesor de medicina legal Francisco Etxeberría había viajado a Alicante y confirmado que los restos depositados allí eran los de Lasa y Zabala.

Ignacio Gordillo, el fiscal a quien Andreu reprocha haber actuado con excesivo sigilo, declaró ayer a la cadena SER que no le cabe la menor duda de que el magistrado donostiarra debe inhibirse a favor de la Audiencia Nacional. Gordillo está convencido de que el secuestro y asesinato es obra de "varios grupos, perfectamente coordinados", y asegura que no hay indicios de que participaran los ex policías Amedo y Domínguez.

Ahora mismo, según Gordillo, no hay datos que confirmen la participación de la Guardia Civil o de la policía en el doble asesinato, pero él está seguro de que participaron varios grupos.

Pero el malestar de Andreu no es sólo contra el fiscal de la Audiencia Nacional; también se dirige contra Garzón. Tras las revelaciones de Amedo sobre las actividades de los GAL, Andreu propuso a Garzón que se hiciera cargo del sumario de Lasa y Zabala entendiendo que la desaparición de ambos jóvenes era obra de una banda armada y, por tanto, competencia de la Audiencia.

Garzón no contestó y el juez donostiarra siguió instruyendo la causa dirigiendo sus diligencias hacia miembros de la Guardia Civil y a recabar ayuda de la Justicia francesa para que tomara declaración a los supuestos autores del secuestro, Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier.

Con anterioridad, en 1990, la causa había sido remitida al juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, pero éste la devolvió al País Vasco argumentando que no estaba acreditado que la desaparición de Lasa y Zabala fuera obra de grupo armado. En 1991 la misma Audiencia de San Sebastián rechazó el archivo provisional de las diligencias. Tanto Bueren como Garzón se disputan ahora la instrucción.

Mientras, los cadáveres siguen "oficialmente" sin estar identificados. La juez de Alicante Carmen Menárguez alega que la autopsia practicada por Etxeberría a iniciativa de la familia de Lasa y Zabala no contó con su autorización. Por tanto, dice, "el caso continúa cerrado, los restos siguen sin estar identificados" y ella sigue siendo la instructora.

"Me he enterado de todo por la prensa. No sabemos cómo, ni por qué, ni por quién se ha difundido este tema, ni cómo se han conectado los dos casos", insistió Menárguez. "Nosotros creíamos que los cuerpos estaban enterrados". Alicante, según su criterio, investigó los asesinatos, y San Sebastián las desapariciones. Se trata, opina, de hechos distintos, y "de momento" los restos permanecerán en el cementerio.