¿A la tercera va la vencida?
El propósito del Gobierno socialista de hacer una ley sobre sí mismo no es nuevo. Ha habido dos intentos antes de éste, que no llegaron a prosperar y que suscitaron críticas externas y enfrentamientos dentro del propio Gabinete. El primer anuncio oficial de una futura ley del Gobierno Se produjo en 1988, en el contexto del caso Amedo, como parapeto frente a la pretensión judicial de investigar los fondos reservados.El actual anteproyecto, de 9 de marzo de este año, conocido por este periódico, se contiene en 37 folios que albergan 43 artículos. Modifica un borrador de enero de 1992, que...
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El propósito del Gobierno socialista de hacer una ley sobre sí mismo no es nuevo. Ha habido dos intentos antes de éste, que no llegaron a prosperar y que suscitaron críticas externas y enfrentamientos dentro del propio Gabinete. El primer anuncio oficial de una futura ley del Gobierno Se produjo en 1988, en el contexto del caso Amedo, como parapeto frente a la pretensión judicial de investigar los fondos reservados.El actual anteproyecto, de 9 de marzo de este año, conocido por este periódico, se contiene en 37 folios que albergan 43 artículos. Modifica un borrador de enero de 1992, que no llegó a convertirse en ley. Aquel anteproyecto fue aparcado por el Ejecutivo en junio de 1992, por razones de "inoportunidad política", tras las reservas de varios ministros -principalmente el de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga- y subsecretarios.
Dos años después, en junio de 1994, el PP presentó una proposición de ley del Gobierno y la Administración del Estado, que suprimía 5.000 altos cargos y ahorraba 79.000 millones de pesetas. El Gobierno calificó de "demagógica" y "revanchista" la propuesta, que duerme en algún cajón del Parlamento.
Precedente la 'ley Corcuera'
No hay constancia de que el anteproyecto haya sido consultado por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Existe un precedente de anteproyecto de ley directamente remitido por un ministro no jurídico al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El precedente fue el borrador de ley de Seguridad Ciudadana, remitido al CGPJ a finales de 1990 por el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, que eludió el asesoramiento del entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo. La ley Corcuera requirió un largo proceso de depuración jurídica, a pesar de lo cual el Tribunal Constitucional anuló varios de sus preceptos.