El líder de la oposición de Guinea, condenado por corrupción y calumnias

Un tribunal de Guinea Ecuatorial condenó ayer al principal líder de la oposición, Severo Moto, presidente del Partido del Progreso (PP), a dos años y medio de cárcel y una multa por 50,4 millones de francos CFA (unos 12,6 millones de pesetas) por los delitos de corrupción activa y calumnias contra el presidente del país, Teodoro Obiang. La defensa recurrió ayer mismo la sentencia ante el Tribunal de Apelación. Moto se encuentra bajo detención domiciliaria desde el pasado 27 de enero y permanecerá en la misma situación, según todos los indicios, hasta que la sentencia sea firme.

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Un tribunal de Guinea Ecuatorial condenó ayer al principal líder de la oposición, Severo Moto, presidente del Partido del Progreso (PP), a dos años y medio de cárcel y una multa por 50,4 millones de francos CFA (unos 12,6 millones de pesetas) por los delitos de corrupción activa y calumnias contra el presidente del país, Teodoro Obiang. La defensa recurrió ayer mismo la sentencia ante el Tribunal de Apelación. Moto se encuentra bajo detención domiciliaria desde el pasado 27 de enero y permanecerá en la misma situación, según todos los indicios, hasta que la sentencia sea firme.

Aunque el contenido exacto de la decisión judicial aún no se conocía anoche, sí se sabía que, además de la pena de prisión, Severo Moto queda inhabilitado para ejercer todo cargo público y desprovisto de sus derechos cívicos activos y pasivos durante la duración de la pena.El primer delito por el que se le condena es el de "corrupción activa" por intentar sobornar a un funcionario público para obtener documentos que presuntamente implicaban al entorno del presidente Obiang en casos de narcotráfico. Por éste recibe un año de cárcel y multa de 400.000 francos CFA (unas 100.000 pesetas).

El segundo delito, vinculado al anterior, es el de injurias al Jefe del Estado, Teodoro Obiang, porque con la obtención de aquellos documentos trataba de desacreditar al presidente. Por este delito es condenado a 18 meses de prisión y a indemnizar con 50 millones de francos CFA (unos 12,5 millones de pesetas), a la persona injuriada, es decir, a Obiang. Según fuentes de la oposición, Moto carece de tal cantidad de dinero, por lo que, si la sentencia llega a ser firme, tendría que cumplir más tiempo en prisión por impago e la pena pecuniaria.

El secretario de Finanzas del PP, Tomás Elo Aka, también ha sido condenado en el mismo proceso, y por idénticos delitos, a dos años de cárcel y una multa de 800.000 francos CFA (200.000 pesetas). A la espera de conocer la relación de hechos en que se basa el fallo, fuentes de la oposición indica ron a EL PAÍS que a este pro cesado se le acusaba de mediar para comprar a un funcionario de policía los documentos que supuestamente prueban las actividades de narcotráfico y que, al parecer, a finales del pasado mes de enero fueron robados por un delincuente común de una caja fuerte en una de las re sidencias de Obiang.

Afluencia masiva

El juicio se celebró el viernes y el sábado pasados en el cine Marfil de Malabo, el local más amplio de la capital ecuatoguineana, y lugar en el que se celebró también en 1979 el juicio en el que el presidente Francisco Macías fue condenado a muerte. El primer día, la vista fue pública, y fuentes locales indicaron que el recinto estuvo abarrotado de gente, lo mismo que los aledaños del edificio. Las embajadas extranjeras en Malabo enviaron a sus representantes, en particular las de España, Francia y EE UU, para seguir el desarrollo del juicio. El segundo día, la vista se celebró a puerta cerrada.

La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. El vicepresidente del PP, Armengol Engonga Ondo, declaraba ayer a este periódico: "La sentencia es una condena política con el claro objetivo de apartar a Severo de la competición política de cara a las próximas elecciones municipales". Estos comicios están previstos para el mes de mayo y a ellos concurrirá en lista unitaria el conjunto de la oposición. Armengol Engonga añadió: "Estamos ante una sentencia política aunque el Tribunal de Apelación la confirme".

El embajador de España, José María Otero, indicó desde Malabo que el juicio ha sido "procesalmente correcto", aunque dijo que no era su función entrar en las causas del mismo, porque está de por medio la Justicia. "Mis objetivos aquí están, claros: sacar adelante la transición democrática, y prestar la ayuda que podamos".