Hacienda exige a la esposa de Roldán una deuda de tres millones de la renta de 1993

Hacienda reclama a Blanca Rodríguez Porto, la esposa del prófugo Luis Roldán, una deuda de algo más de tres millones de pesetas de la declaración de la renta de 1993. La cónyuge del ex director general de la Guardia Civil presentó en regla su declaración, positiva en algo más de cuatro millones, y pagó un millón después de que Caja Postal hiciera una extraña peripecia con una de las cuentas del matrimonio, según sus abogados. Éstos explican que Rodríguez Porto no puede pagar porque tiene las cuentas embargadas y carece de ingresos.

La oficina de la Agencia Tributaria de la calle del Uru...

Hacienda reclama a Blanca Rodríguez Porto, la esposa del prófugo Luis Roldán, una deuda de algo más de tres millones de pesetas de la declaración de la renta de 1993. La cónyuge del ex director general de la Guardia Civil presentó en regla su declaración, positiva en algo más de cuatro millones, y pagó un millón después de que Caja Postal hiciera una extraña peripecia con una de las cuentas del matrimonio, según sus abogados. Éstos explican que Rodríguez Porto no puede pagar porque tiene las cuentas embargadas y carece de ingresos.

La oficina de la Agencia Tributaria de la calle del Uruguay número 16 de Madrid envió hace unos días un requerimiento en papel gris reciclado a los abogados de Rodríguez-Porto Pérez, Agustín Guardia y José Luis Rodríguez Porto, para fijar una reunión con ellos a fin de intentar resolver la deuda del IRPF.Los letrados de la segunda esposa de Roldán explican que ésta, tras, presentar la declaración del ejercicio 1993, intentó pagar en su momento con el dinero que tenía en una cuenta de la Caja Postal. Según esta versión, dicha entidad hizo firmar numerosos documentos a Blanca Rodríguez, entre ellos uno por el que autorizaba a cancelar con dinero de esa libreta una cuenta de crédito de Luis Roldán, con vencimiento en este año.

Esta operación, insisten los letrados, no había sido autorizada conscientemente por la esposa de Roldán, cuyos abogados presentaron un requerimiento notarial a la Caja Postal, que alegó que hay una autorización con la firma de Rodríguez Porto.

El saldo restante tras cancelar esa cuenta de crédito -cerca de un millón y medio- fue destinado al pago de la declaración de la renta del ejercicio de 1993. La Agencia Tributaria envió, entonces un requerimiento para reclamar el pago de la cantidad restante, pero los abogados alegaron que no se podía abonar esa deuda, ya que Rodríguez tenía sus cuentas y bienes embargados y carecía de ingresos propios.

Por ello pidieron a Hacienda que contactara con quien había decretado el embargo, Ana María Ferrer, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid e instructora del caso Roldán.

Hacienda, según fuentes jurídicas y del fisco, ha abierto un expediente, que ya está en fase ejecutiva, y ha impuesto un recargo del 20% sobre el total de la deuda. Los abogados de los Roldán tenían previsto acudir esta semana para reiterar a los responsables de Hacienda la imposibilidad de que su cliente pueda satisfacer la deuda.

Rodríguez-Porto, que estuvo en la cárcel acusada, entre otros delitos, de encubrir las actividades de su marido, tiene embargadas todas sus cuentas bancarias, depositada una fianza de 50 millones y en la actualidad reside con sus padres en Orense. Luis Roldán y su esposa mantienen un régimen de separación de bienes, pese a lo cual la juez ha decidido la intervención de las cuentas en las que el ex director del instituto armado tenía firma autorizada.

Los letrados de Rodríguez Porto se quejan de que la juez ha notificado con tardanza los embargos y no ha brindado a los inculpados la oportunidad de señalar bienes para la intervención judicial. Igualmente se lamentan de que no pueden hacer frente a los pagos corrientes de sus propiedades -luz, teléfono, comunidad...- ni a las hipotecas que pesan sobre la mayoría de las propiedades.