La derrama del 7% que aportarán los socios evita la insolvencia definitiva de la cooperativa PSV
El pasivo de la cooperativa de viviendas PSV supera a su activo en sólo 129 millones de pesetas, según el dictamen que los interventores judiciales entregaron ayer al juez encargado de la suspensión de pagos, José Antonio Enrech. La pequeña magnitud de ese desfase patrimonial -un agujero que UGT ya se ha comprometido a cubrir- ha sido posible, en gran medida, gracias a que, los cooperativistas han aceptado pagar un 7% adicional -derrama- sobre el precio inicial de sus pisos. El dictamen descarta que se desviaran fondos para fines ajenos al proyecto de viviendas.
El juez debe pronunc...
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El pasivo de la cooperativa de viviendas PSV supera a su activo en sólo 129 millones de pesetas, según el dictamen que los interventores judiciales entregaron ayer al juez encargado de la suspensión de pagos, José Antonio Enrech. La pequeña magnitud de ese desfase patrimonial -un agujero que UGT ya se ha comprometido a cubrir- ha sido posible, en gran medida, gracias a que, los cooperativistas han aceptado pagar un 7% adicional -derrama- sobre el precio inicial de sus pisos. El dictamen descarta que se desviaran fondos para fines ajenos al proyecto de viviendas.
El juez debe pronunciarse en los próximos días sobre el tipo de insolvencia de la cooperativa. El hecho de que UGT vaya a tapar el agujero permite suponer que el juez no ponga ningún problema para que se firme el convenio de acreedores y pueda levantarse la suspensión de pagos. El dictamen es una bocanada de aire fresco para el futuro de la cooperativa que se encuentra en un proceso de segregación avanzado, lo que permitirá la financiación de las promociones y la construcción de los pisos.Las cosas. se presentaban mucho peor hace un año, cuando PSV declaró un desfase cercano a los 9.000 millones. El principal problema de contabilidad de PSV, según fuentes de la cooperativa, provenía de los 8.700 millones que le adeudaba su gestora IGS. PSV no tiene la menor esperanza de cobrar esa deuda en su integridad toda vez que el miércoles pasado la juez encargada dictaminó la insolvencia definitiva de IGS con un desfase patrimonial de más de 14.000 millones.
Los interventores estiman, sin embargo, que IGS podrá pagar una parte. La dirección de PSY no tiene intención de financiar los 14.000 millones de desfase de GS, sino de cubrirlo con el impago de parte de las deudas que la gestora tiene con PSV y UGT, de 18.000 millones. Ello supondría que, de los 9.300 millones que IGS debe a UGT, éste sólo cobrara 1.300. Y que de los 8.700 millones que IGS debe a PSV, ésta sólo cobrara 2.500.
El resto del desfase de PSV lo cubren los cooperativistas, que, como condición del proceso de segregación de promociones, se han comprometido a aportar un 7% adicional -derrama- sobre el precio inicial de sus pisos. Los alrededor de 6.000 millones que se obtendrán con la derrama dejarán el desfase patrimonial de PSV reducido a los 129 millones que refleja, el dictamen de los interventores judiciales.
Será UGT quien ponga esos 129 millones. Según el responsable de finanzas del sindicato, Sebastián Reyna, UGT cubrirá ese agujero condonando parte de la deuda que la cooperativa tiene con el sindicato, que supera los 1.200 millones. Satisfecho este pago, la vía quedará libre para alcanzar un convenio de acreedores y salir de la suspensión de pagos, con una espera de tres años y una quita no superior al 20%.
El actual presidente de IGS y PSV, Valeriano Gómez, tenía inicialmente la intención de culminar la segregación de promociones antes del dictamen. El objetivo no ha podido cumplirse. De las más de 12.000 viviendas adjudicadas por ambas sociedades, se han separado un 73%. Hay, además de esos 12.000, unos 3.000 dados de baja que exigen la devolución de su dinero. El gran problema pendiente es Valdebernardo, la gigantesca promoción de Madrid que da cuenta por sí sola de unos 3.000 pisos.
Agustín Martín fue nombrado ayer presidente de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria (SEGISA), constituida para apoyar la financiación y promoción de Valdebernardo. SEGISA está participada por el ministerio de Obras Públicas (51%), la Comunidad de Madrid (25%) y un grupo de constructoras y entidades financieras.
La sociedad firmó ayer la segregación de Valdebernardo, pero el convenio no tendrá validez mientras el 70% de los cooperativistas no lo ratifiquen.