Desacato y política

SI EL fiscal general aplicase a todos los políticos en activo el criterio que le ha llevado a abrir diligencias por las declaraciones del ex ministro, Barrionuevo sobre el juez Garzón, no daría abasto. Esta misma semana se ha hecho pública una sentencia de un juzgado de San Sebastián según la cual llamar "matón y fascista" al consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, no es delito, dado que entra "dentro del derecho a la critica política" y porque se considera que no fue una expresión proferida "con ánimo de injuriar". Si ése es el criterio, no se entiende que pueda considerarse delictivo...

SI EL fiscal general aplicase a todos los políticos en activo el criterio que le ha llevado a abrir diligencias por las declaraciones del ex ministro, Barrionuevo sobre el juez Garzón, no daría abasto. Esta misma semana se ha hecho pública una sentencia de un juzgado de San Sebastián según la cual llamar "matón y fascista" al consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, no es delito, dado que entra "dentro del derecho a la critica política" y porque se considera que no fue una expresión proferida "con ánimo de injuriar". Si ése es el criterio, no se entiende que pueda considerarse delictivo que un diputado en ejercicio acuse de parcialidad a un juez (y ex diputado).Por supuesto que Barrionuevo ha desbarrado abundantemente estos últimos días. Y por ello le hemos criticado. También lo han hecho los jueces en términos muy duros. Sería lamentable que el fiscal general actuara bajo la presión de la magistratura, convertida en este caso en juez y parte. Tanto derecho tienen periodistas y jueces a criticar al político Barrionuevo como éste a criticarlos a ellos. El salto de la libertad de expresión al desacato cuando los criticados, pertenecen al poder judicial es un residuo lamentable de la legislación predemocrática.

Barrionuevo es, además, un diputado: alguien cuya libertad de expresión está especialmente protegida. Si Barrionuevo ha incurrido en desacato (injurias, calumnias, insultos o amenazas contra autoridades, según el Código Penal), no hay semana en que no incurran en ese delito algunos de los más populares portavoces parlamentarios. Basta para comprobarlo un mero repaso a las declaraciones que publican los periódicos.Confiamos en que el fiscal general no decida extender a todos el principio aplicado a Barrionuevo. Por eso, sin compartir las opiniones vertidas por el ex ministro, defendemos su derecho a expresarlas y, desde luego, rechazamos cualquier respuesta por la vía penal.