Nueve mil presos, a la calle de una tacada
El Gobierno socialista de Felipe González, salido de las urnas en octubre de 1982, se encontró meses después acorralado por los embates del terrorismo de ETA y GRAPO, junto con la inseguridad ciudadana, causada en buena parte por los casi 9.000 presos excarcelados prácticamente de una tacada por la reforma Ledesma.En abril de 1983, el Parlamento aprobó la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma. En esencia, iba encaminada a solucionar el atasco judicial causante de que muchos de los 23.000 reclusos ...
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El Gobierno socialista de Felipe González, salido de las urnas en octubre de 1982, se encontró meses después acorralado por los embates del terrorismo de ETA y GRAPO, junto con la inseguridad ciudadana, causada en buena parte por los casi 9.000 presos excarcelados prácticamente de una tacada por la reforma Ledesma.En abril de 1983, el Parlamento aprobó la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma. En esencia, iba encaminada a solucionar el atasco judicial causante de que muchos de los 23.000 reclusos preventivos llevaran varios años en espera de ser juzgados.
La reforma Ledesma, aplaudida por los sectores políticos más progresistas, fue rechazada por Alianza Popular, al entender que "miles de profesionales del delito van a estar pululando impunemente por nuestras ciudades, nuestras calles y nuestros pisos", según dijo el senador Fernández de la Madrid. Esta apreciación era plenamente coincidente con la de la policía y la Guardia Civil.
La inseguridad ciudadana originada por la excarcelación masiva de presuntos delincuentes desató las iras de comerciantes, joyeros y empleados de banca. En Madrid llegaron a contabilizarse mensualmente en aquella época hasta 120 o 130 atracos. Esta crispación social se tradujo en una enorme presión social sobre el Gobierno. José Barrionuevo, a la sazón ministro del Interior, autorizó a la policía a dar leña y a actuar con manga ancha.
La policía empezó a aplicar con largueza la ley antiterrorista a las bandas de atracadores. Y en ese contexto se registró el primer desaparecido de la democracia: Santiago Corella, el Nani, detenido en noviembre de 1983, se evaporó mientras estaba detenido en el viejo caserón policial de la Puerta del Sol de Madrid.
Con ser el del Nani uno de los más graves sucesos en que se vio mezclada la dura Brigada de Policía Judicial de Madrid, no fue el único. Otros muchos delincuentes cayeron abatidos por las balas de los agentes integrados en una unidad que alguien bautizó como la brigada de la muerte.Antonio Vilariño Sanz fue cosido a tiros mientras iba en un taxi por la plaza de Neptuno, dos jóvenes fueron acribillados a sangre fría cuando salían de atracar un banco de la avenida del Mediterráneo y a otros colegas les pasó algo similar cuando abandonaban una joyería de la calle de Atocha.
La mayoría de estos casos no fueron aclarados judicialmente hasta varios años más tarde. Todavía hoy, un decenio después, hay alguno de ellos que sigue archivado y olvidado.
En este ambiente y en esta época se produjo la muerte del etarra Joseba Arregui, presunto miembro del comando Madrid, mientras estaba en los calabozos de la Puerta del Sol.
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