Una ventanilla en los juzgados para informar de los pisos baratos

Los subasteros siguen pateándose la plaza de Castilla a pesar del macrojuicio que se avecina contra dos docenas de ellos. La juez decana, Manuela Carmena, está intentando poner coto a las actividades de los profesionales de la puja. Su idea es que los ciudadanos humildes' que necesiten un piso barato puedan adquirirlo sin trabas en los juzgados.El pasado mes de abril, Carmena pidió ayuda económica a la Comunidad para habilitar un departamento -con abogados a su frente- que asesore a estos ciudadanos y dificulten las artimañas de los subasteros. Antes del verano, y a propuesta de Izquier...

Los subasteros siguen pateándose la plaza de Castilla a pesar del macrojuicio que se avecina contra dos docenas de ellos. La juez decana, Manuela Carmena, está intentando poner coto a las actividades de los profesionales de la puja. Su idea es que los ciudadanos humildes' que necesiten un piso barato puedan adquirirlo sin trabas en los juzgados.El pasado mes de abril, Carmena pidió ayuda económica a la Comunidad para habilitar un departamento -con abogados a su frente- que asesore a estos ciudadanos y dificulten las artimañas de los subasteros. Antes del verano, y a propuesta de Izquierda Unida, la Cámara regional dio luz verde a esta ayuda. Según fuentes del decanato, en este momento se están ultimando los trámites para que la citada oficina comience a funcionar.

El sumario de los subasteros fue abierto en 1987 por el magistrado José María Alvarez Seijo, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. La envergadura del asunto además de los subasteros estaban implicados funcionarios judiciales obligó al Consejo General del Poder Judicial a nombrar una comisión de servicios para que el magistrado se dedicara en excIusiva a investigar esta trama.

La actual juez decana, entonces titularde un juzgado de primera instancia, fue de las primeras en advertir y denunciar los chanchullos que rodeaban las subastas de pisos (nadie podía pujar por un piso sin la aquiescencia de los subasteros; y si alguien lo hacía, corría el peligro de que éstos pujaran para elevar el precio del inmueble). El juez Alvarez Seijo pinchó teléfonos y ordenó registros en casa de algunos subasteros.

Las primeras investigaciones revelaron la supuesta implicación de unos 27 subasteros, que básicamente se distribuían en dos grupos, acaudillados, respectivamente, por el citado Ernesto García López y los hermanos Eugenio y Carlos Fernández Lomas. Son muchos los millones en beneficios obtenidos ilícitamente por los subasteros gracias a esta trama, según fuentes jurídicas.