Más de 40 detenidos por un nuevo fraude al PER en una comarca malagueña

La policía investiga un nuevo supuesto fraude al Instituto Nacional de Empleo (Inem) que podría ascender a 100 millones de pesetas en la comarca malagueña de Antequera. La empresaria Rosario E., su esposo, Narciso P., y Remedios T., han sido detenidos por cobrar por estampar su firma en falsos certificados de peonadas. Más de 40 jornaleros han sido también detenidos para que prestasen declaración en los, últimos días, y el número total de trabajadores del campo que han comprado peonadas ficticias podría pasar de 200.La Dirección Provincial de Trabajo en Málaga solicitó una investigación tras d...

La policía investiga un nuevo supuesto fraude al Instituto Nacional de Empleo (Inem) que podría ascender a 100 millones de pesetas en la comarca malagueña de Antequera. La empresaria Rosario E., su esposo, Narciso P., y Remedios T., han sido detenidos por cobrar por estampar su firma en falsos certificados de peonadas. Más de 40 jornaleros han sido también detenidos para que prestasen declaración en los, últimos días, y el número total de trabajadores del campo que han comprado peonadas ficticias podría pasar de 200.La Dirección Provincial de Trabajo en Málaga solicitó una investigación tras descubrir que en unos terrenos propiedad de esta empresaria se habían realizado un número "exagerado" de jornales para la extensión de la explotación. Según fuentes próximas a la investigación, los inspectores de Trabajo detectaron que en los terrenos de. Rosario E. C., donde se habían realizado las contrataciones de peones no existía explotación agrícola alguna, -según consta en el catastro de fincas rústicas de la Delegación de Hacienda en Málaga.

Estas fuentes indicaron que todavía no se ha logrado cuantificar las peonadas falsas al no estar concluido el informe, aunque según las estimaciones iniciales de la Inspección de Trabajo podrían superar las 12.000.

Dos años de irregularidades

Las irregularidades han sido detectadas a lo largo de un largo periodo de tiempo, desde mediados de 1992 hasta los primeros meses de 1994. La Dirección General de la Policía informó ayer de que Rosario E. exigía a cada campesino, el pago de 550 pesetas por cada peonada y además 32.000 pesetas por afiliación al régimen especial agrario de la Seguridad Social. Este dinero luego no era ingresado en las arcas del organismo público.Un familiar vinculado a la empresa agrícola eludió ayer pronunciarse sobre estos hechos, aunque reconoció disponer de explotaciones en la zona. Este familiar se limitó a señalar que desconocía que se hubiera abierto una investigación por ello a la vez que rechazó "cualquier tipo de irregularidad en la contratación de jornaleros".