Por un desarrollo urbanístico sostenido
En los últimos años, las administraciones públicas están recurriendo a las calificaciones, recalificaciones y ventas de terrenos para sufragar deudas y resolver problemas de tesorería, en muchos casos generados por incompetencia en la gestión o mala planificación.Cuando la Administración central, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos utilizan el urbanismo de un territorio, pueblo o ciudad para tapar agujeros económicos están renunciando a hacer ciudad y a un planteamiento eficaz y de futuro para poner en manos privadas el patrimonio de toda la sociedad. La falta de iniciativa y cre...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
En los últimos años, las administraciones públicas están recurriendo a las calificaciones, recalificaciones y ventas de terrenos para sufragar deudas y resolver problemas de tesorería, en muchos casos generados por incompetencia en la gestión o mala planificación.Cuando la Administración central, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos utilizan el urbanismo de un territorio, pueblo o ciudad para tapar agujeros económicos están renunciando a hacer ciudad y a un planteamiento eficaz y de futuro para poner en manos privadas el patrimonio de toda la sociedad. La falta de iniciativa y creatividad de las administraciones, públicas al tratar el urbanismo y las recalificaciones de suelo como su particular gallina de los huevos de oro acabará por matar la gallina y aun complicará más los desarrollos urbanísticos.Racionalizar el uso del suelo para propiciar un urbanismo de futuro respetuoso con la calidad de vida y el medio ambiente no pasa por resolver todos los problemas económicos de las administraciones por la vía de la recalificación y obtención de plusvalías especulativas. Tales actuaciones sólo sirven para hipotecar el desarrollo urbanístico sostenido, tan necesario para un crecimiento armónico y estable de los pueblos y ciudades de Madrid.Los intereses económicos y, en ocasiones, los intereses políticos que se entrelazan en tales casos acabarán produciendo unos resultados negativos y contrarios a los que los ciudadanos demandan de un urbanismo equilibrado y de futuro. En ningún caso las calificaciones y recalificaciones de suelo que emprenden las administraciones pueden ser ajenas a las necesidades sociales, a las demandas de calidad de vida y respeto medioambiental, ni tener como finalidad prioritaria, como ahora tienen, la solución de los problemas financieros de los entes públicos, fomentando, con base en ese objetivo, la espiral especulativa.
No es de recibo recalificar suelos vacantes para pagar las expropiaciones de la M-40, para tapar el agujero de Tres Cantos, SA, para enjugar el déficit de Renfe, ampliar los aeropuertos de Barajas y Cuatro Vientos, resolver los problemas de tesorería y liquidez de la Gerencia de Urbanismo, del Ministerio de Defensa, etcétera. Convendría entre todos, administraciones y entidades sociales, hacer un esfuerzo para detener esta tendencia y propiciar nuevas iniciativas en el terreno del urbanismo madrileño. Presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.