La Dirección General de Patrimonio plantea la suspensión de pagos y la liquidación de Intelhorce

La Dirección General de Patrimonio del Estado anunció ayer que la única salida viable para General Textil, antigua Intelorce, es la presentación de un expediente de suspensión de pagos -que incluirá la extinción de los 732 puestos de trabajo- y la posterior liquidación de la empresa, que mantiene una deuda aproximada con sus acreedores en torno a los 14.000 millones de pesetas. Partidos y sindicatos ya han advertido que iniciarán una campaña de movilizaciones en defensa de una factoría que consideran viable y exigen el cumplimiento del plan de viabilidad.

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La Dirección General de Patrimonio del Estado anunció ayer que la única salida viable para General Textil, antigua Intelorce, es la presentación de un expediente de suspensión de pagos -que incluirá la extinción de los 732 puestos de trabajo- y la posterior liquidación de la empresa, que mantiene una deuda aproximada con sus acreedores en torno a los 14.000 millones de pesetas. Partidos y sindicatos ya han advertido que iniciarán una campaña de movilizaciones en defensa de una factoría que consideran viable y exigen el cumplimiento del plan de viabilidad.

Con esta decisión, la empresa pública Improasa, que volvió a hacerse cargo de la factoría en abril de 1992 pone fin a varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la factoría, aunque era temida desde que el pasado 29 de junio el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Sobes, asegurara en el Congreso de los Diputados que Intelhorce era "inviable con la actual plantilla". Los tres principales partidos políticos -PSOE, PP e IU- y los dos sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT-acordaron días más tarde de aquella intervención constituir una plataforma de apoyo a la empresa y exigir el cumplimiento del plan de viabilidad firmado en abril de 1992, cuya vigencia teórica expira en diciembre de 1995. En él se contempla la inversión de 1.200 millones de pesetas en maquinaria -hasta el momento no se ha invertido ni una sola peseta- y el compromiso de que no se produciría ninguna pérdida de empleo hasta diciembre de 1995.Esta delegación mantuvo ayer, durante su reunión con Antonio Blanco Magadán y otros responsables de Patrimonio, la viabilidad de la empresa amparándose en datos como el aumento de la facturación de un 49,6% experimentado en los primeros cuatro meses del año, la reducción del cash-flow de 4.000 a 900 millones de pesetas en un solo ejercicio y el mantenimiento de un "aceptable" volumen de pedidos en un momento de auge del sector textil. Partidos y sindicatos ofrecieron además la posibilidad de sanear la empresa mediante la recalificación de 300.000 metros cuadrados de los 500.000 que son ahora propiedad de la empresa e intentar después la venta a algún grupo privado. El comité de empresa ha convocado una asamblea para mañana en la que se acordará un calendario de movilizaciones. La firma del plan de viabilidad ya supuso la extinción de 750 contratos de trabajadores que se acogieron a bajas incentivadas financiadas por la Junta de Andalucía. Partidos y sindicatos vuelven a reclamar ahora la mediación de la administración autonómica para impedir el cierre definitivo de una de las empresas emblemáticas del debilitado tejido industrial malagueño, sometida en los últimos años a una turbulenta historia. Sobre Intelhorce pesa además una sanción del Tribunal Superior de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo que le obliga a devolver al Estado 4.200 millones de pesetas que la empresa recibió para ampliación de capital cuando fue vendida en 1989 a Benorbe y Benservice.

La gestión de Giovanni Orefici entre 1989 y 1993, tras un extraño proceso de privatización en el que saneamiento de Intelhorce llegó a situar su capital social en 26.000 millones de pesetas, es en, buena parte responsable de la actual situación de la factoría, según reconoce Patrimonio, que rescató la tutela de la factoría en abril de 1992. El pasado 5 de julio, tras conocer los resultados de una auditoría interna, este organismo presentó una denuncia judicial contra Benorbe y Benservice acusándolas de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, falsedad documental y delitos que atentan contra la seguridad en el trabajo.