Principio de acuerdo para que los altos cargos sean ocupados por funcionarios

Los responsables del Ministerio para las Administraciones Públicas y de los sindicatos coinciden en la necesidad de profesionalizar la función pública y han logrado un principio de acuerdo para que los altos cargos sean ocupados por funcionarios. Incluso UGT propuso ayer que ello afecte a los subsecretarios y a los directores generales, cargos ahora desempeñados casi en su totalidad por políticos.En el encuentro que ayer mantuvieron las centrales CC OO, UGT y CSIF con Administraciones Públicas discutieron los puntos relacionados con retribuciones, formación, promoción interna, carrera administ...

Los responsables del Ministerio para las Administraciones Públicas y de los sindicatos coinciden en la necesidad de profesionalizar la función pública y han logrado un principio de acuerdo para que los altos cargos sean ocupados por funcionarios. Incluso UGT propuso ayer que ello afecte a los subsecretarios y a los directores generales, cargos ahora desempeñados casi en su totalidad por políticos.En el encuentro que ayer mantuvieron las centrales CC OO, UGT y CSIF con Administraciones Públicas discutieron los puntos relacionados con retribuciones, formación, promoción interna, carrera administrativa, planes de empleo, jornada, absentismo, acción social y salud laboral. Se trataba de una reunión técnica en la que no se presentaron nuevas propuestas y la Administración se ha comprometido a entregar mañana, miércoles, a los sindicatos un nuevo documento que será analizado en el encuentro fijado para el jueves.

Los dirigentes sindicales fueron muy cautos al término de la reunión de ayer y mostraron su confianza en que se puedan superar las discrepancias que existen antes del día 23, fecha en que debe finalizar la negociación del capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado de 1995. En materia de retribuciones, la Administración ofrece una subida salarial igual a la inflación prevista para los próximos tres años, mientras que las centrales piden que se compense parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios en los dos últimos años, que ellas cifran en siete puntos. También reclaman una cláusula de garantía que mantenga el poder de compra si la inflación real es superior a la prevista.