El 'sumario Pinto Fontán' da paso a la apertura de juicio oral

La investigación judicial sobre la presunta estafa en la urbanización Las Terrazas de Aravaca -en la que aparece la huella del polémico constructor del frustrado proyecto de Nuevo Versalles, José Luis Pinto Fontán, ahora apellidado Gómez-Pinto- ha concluido. Según fuentes con acceso a las diligencias, el juez David Cubero, instructor del caso, pretende entregar ahora toda la documentación a las partes para que califiquen los hechos.Concluida la investigación, el magistrado podía haber decretado el sobreseimiento del caso, pero no sólo no lo ha hecho, sino que, además, ha decidido incoar un pro...

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La investigación judicial sobre la presunta estafa en la urbanización Las Terrazas de Aravaca -en la que aparece la huella del polémico constructor del frustrado proyecto de Nuevo Versalles, José Luis Pinto Fontán, ahora apellidado Gómez-Pinto- ha concluido. Según fuentes con acceso a las diligencias, el juez David Cubero, instructor del caso, pretende entregar ahora toda la documentación a las partes para que califiquen los hechos.Concluida la investigación, el magistrado podía haber decretado el sobreseimiento del caso, pero no sólo no lo ha hecho, sino que, además, ha decidido incoar un procedimiento abreviado. Ello implica -a priori- que José Luis Pinto Fontán podría sentarse en el banquillo acusado de una presunta estafa antes de que finalice el año.

La empresa que promovió la urbanización Las Terrazas -220 viviendas, con squash, piscinas, saunas, gimnasios y salas de reuniones- en 1989 se denomina Aravaca-Somosaguas, SA. Entre los promotores de estas viviendas de lujo no figuran los nombres José Luis Pinto Fontán ni José Luis Gómez Pinto, pero sí los colaboradores habituales (es decir, los presuntos testaferros) de este promotor inmobiliario: Carlos García Yanes, Dolores Navas Vargas, Celso Pastor Gaitero y.

Los vecinos de la urbaniza,ción Las Terrazas, enclavada en la avenida de Europa, número 32, de Aravaca, en el término municipal de Madrid, son los perjudicados por esta supuesta estafa. Cada uno de los afectados pagó alrededor de 40 millones de pesetas por su vivienda y aún se encuentran con que parte de las obras -los servicios comunes que se les prometí¿>- siguen empantanados; sin contar los problemas de financiación sobrevenidos..

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Los testaferros señalaron a Pinto Fontán como el artífice de la urbanización Las Terrazas de Aravaca

A pesar de que Pinto Fontán no aparece oficialmente como promotor de esa urbanización, los interrogatorios judiciales a que ha sometido el juez a los supuestos testaferros le implican directamente. Salvo uno, todos los demás han reconocido ante el juez que José Luis Pinto Fontán es el auténtico artífice de la urbanización y, por tanto, el autor de la estafa, si es que así lo entendiere en su día el magistrado de lo penal de la plaza de Castilla a quien corresponda juzgar este asunto.

Pinto Fontán fue el constructor que en los años setenta dejó inacabados los 21 edificios de Nuevo Versalles (una urbanización de 16.000 pisos en Fuenlabrada), en plena época del desarrollismo. Estos fantasmagóricos bloques ilegales -no respetaban las normas urbanísticas de la época- fueron volados finalmente en julio de 1993 por la Comunidad de Madrid para construir allí.

Tras dejar esos 21 bloques sin terminar, Pinto Fontán se declaró insolvente -vive en una lujosa mansión que figura a nombre de una empresa-, cambió de apellido, siguió su actividad inmobiliaria y dejó un nuevo reguero de deudas. El caso de Las Terrazas es sólo uno entre otros pendientes.

Mientras, Pinto Fontán fue citado esta semana a comparecer -no acudió- ante las Cortes de Castilla-La Mancha para explicar la gestión de las subvenciones del Gobierno regional socialista para su empresa New Techno. La firma figura en los registros como propietaria del Jaguar que conducía el diputado José María Mohedano, quien sí compareció en la misma institución para negar haber intermediado en los negocios del promotor ante la Administración de José Bono.

- El origen de la investigación, que probablemente conducirá por primera vez al empresario al banquillo de los acusados, se remonta a marzo de 199-3, cuando el juez David Cubero admitió una querella por estafa contra Aravaca Somosaguas, SA, -promotora de Las Terrazas- y contra La Caixa (que financió las obras). PYOPMSA, sociedad que firmó en 1991 con Aravaca Somosaguas, SA, la compra de tres pisos, dos trasteros y dos plazas de garaje en la urbanización, presentó la querella.

El administrador único de Aravaca Somosaguas es Carlos García Yanes, quien también ocupó el mismo cargo en la sociedad que figura como dueña de la mansión habitual de Pinto Fontán en Somosaguas hasta que en 1991 le sustituyó la esposa del constructor. El valor total de la compra de PYOPMSA ascendía a 112 millones. Los querellantes -una empresa familiar- declararon haber pagado más de 50 millones de pesetas a Aravaca-Somosaguas. El resto (72 millones) corresponde a la hipoteca suscrita por Aravaca con La Caixa.

Condiciones de la hipoteca

Las condiciones de la hipoteca -garantizaba un préstamo de 812 millones concedido por La Caixa a Aravaca-Somosaguas- establecían que la financiera iría aportando dinero según se presentasen certificaciones de obra. Pero se reservaba la entrega a Aravaca del 20% del total del crédito -164 millones- para cuando las obras estuviesen terminadas y los pisos vendidos. Cuando la promotora cobrase todo el préstamo, se dividiría el capital que debían amortizar entre los compradores.

Los querellantes estaban convencidos de que esa reserva de una parte del préstamo garantizaba no sólo que se rematasen los pisos -lo que no ha sucedido-, sino también que no se incrementase la hipoteca. Así se firmó en marzo de 1990; sin embargo, en febrero y abril del año siguiente se modificaron las cláusulas del préstamo de La Caixa al promotor. De tal forma que Aravaca-Somosaguas podía recibir de La Caíxa todo el crédito sin haber terminado la obra. El dinero se recibió, pero no se destinó a la conclusión de las obras. Este cambio en las condiciones de la hipoteca motivó que la querella se dirigiese contra la entidad bancaria. La Caixa ejecutó después la hipoteca -es decir, pasó a ser propietaria de los pisos- sin que los compradores hubiesen recibido las viviendas.

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