Venezuela, a la deriva
El país no ha notado ninguna diferencia con la nueva Administración porque todo va peor cada día
A Venezuela se le secó la riqueza. Tras años de euforia económica, bañada en barriles de petróleo, al país ya no le salen las cuentas. Desde hace cinco años, desde el caracazo de febrero de 1989, una rebelión popular contra las medidas ultraliberales del presidente Carlos Andrés Pérez, Venezuela parece haberse lanzado por una peligrosa pendiente. El último salto, esta semana, cuando el presidente Rafael Caldera, decidió intervenir la banca privada y enfrentarse a una gravísima crisis financiera con el desplome del bolívar frente al dólar y la aparición de la hiperinflación y el caos.Los...
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A Venezuela se le secó la riqueza. Tras años de euforia económica, bañada en barriles de petróleo, al país ya no le salen las cuentas. Desde hace cinco años, desde el caracazo de febrero de 1989, una rebelión popular contra las medidas ultraliberales del presidente Carlos Andrés Pérez, Venezuela parece haberse lanzado por una peligrosa pendiente. El último salto, esta semana, cuando el presidente Rafael Caldera, decidió intervenir la banca privada y enfrentarse a una gravísima crisis financiera con el desplome del bolívar frente al dólar y la aparición de la hiperinflación y el caos.Los venezolanos no han sentido diferencia alguna entre la pasada Administración (la de Carlos Andrés Pérez, hoy, encarcelado por presunta corrupción) y la nueva porque todo va peor cada día. La popular cantante Omaira Bolívar lo resumió certera: "En el Gobierno anterior hubo dos intentos de golpe y el dólar no se movió ni un centavo. En éste, no ha habido intentonas de ningún tipo y el dólar y los precios se han disparado a más no poder".
Y es que, en cinco meses de gestión del presidente Caldera, la moneda nacional se ha hundido frente al dólar, pasando de 98 a 205 bolívares, lo que ha desatado una subida incontrolada de los precios, colocando al país frente a una de las más profundas crisis de su reciente historia.
El hundimiento financiero empezó con la intervención del Banco Latino, cuya propiedad en un 30%, pertenecía al Grupo Cisneros, el segundo más grande de Venezuela. El presidente del banco, Ricardo Cisneros, hermano de Gustavo, el que compro en España Galerías Preciados a mediados de los años ochenta, se encuentra huido de la Justicia. Hay numerosas fuentes que indican que el Grupo trata de escapar de la quema con la venta y traspaso de propiedades y empresas. El imperio económico de los Cisneros abarca emisoras, de televisión y radio, cadenas de supermercados, centros comerciales, y empresas de informática y telecomunicación.
Más bancos en crisis
El Gobierno, para reflotar el Banco y las empresas dependientes de él, le inyectó 2.058 millones de dólares (unos 270.000 millones de pesetas). "Entonces apareció una situación que tampoco fue provocada por mi Gobierno: la crisis de otros ocho bancos, que igualmente resultó más grave de lo que imaginamos al principio", explicó Caldera tras anunciar la suspensión de garantías constitucionales e imponer el control del cambio y de los precios.
Aun a sabiendas de que los ocho bancos estaban en quiebra, el Ejecutivo les auxilió con 3.500 millones de dólares (cerca de medio billón de pesetas), antes de intervenirlos el 13 de junio. Esta cantidad, sumada a lo entregado al Latino, supuso el desembolso total de 5.558 millones de dólares (750.000 millones de pesetas), equivalente al presupuesto nacional de 1994. Pero las cuentas amargas no acaban aquí: aún faltan por devolver 1.588 millones de dólares (unos 220.000 millones de pesetas) de los depósitos y ahorros de los dos millones de clientes que deberán esperar meses y meses para recuperar su dinero, lo que supone un claro factor de desestabilización social permanente.
¿De dónde sacó el Gobierno tantos recursos sin agrandar el agujero fiscal ni secar sus reservas internacionales? Respuesta: de la máquina de imprimir billetes del Banco Central de Venezuela. Consecuencia: el mercado se inundó de un exceso de moneda en circulación, lo que propició la especulación con el dólar y precipitó el alza incontrolada de los precios, según afirman los economistas. El remedio ha sido peor que la enfermedad.
Los banqueros afectados desviaron ilegalmente los auxilios financieros recibidos hacia las empresas relacionadas con sus bancos en quiebra y en la compra especulativa de divisas hasta que el Gobierno, asfixiado por su propia falta de liquidez, decidió intervenirlos. Los fondos entregados pasaron a anotarse como pérdidas para el Estado. Consecuencia: colapso súbito de la mitad del sistema financiero, locura incontrolada del dólar y de los precios, desesperación y desconfianza de la población y surgimiento de rumores golpistas.
La otra mitad de la banca, la que se hallaba teóricamente sana, empezó a sufrir el juego sucio, de los insolventes. A través de fax anónimos éstos inundaron el mercado con noticias de una presunta bancarrota general. Las instituciones más sólidas, como el Banco de Venezuela, el Mercantil y el Unión, sufrieron retiradas masivas de dinero por parte de sus asustados clientes, que intentaban protegerse de nuevas intervenciones.
El ministro de Hacienda, Julio Sosa, no descarta la posibilidad de nacionalizar toda la banca venezolana. "Todo depende del comportamiento del sistema financiero", dice con calma. Y es que la suspensión de las garantías constitucionales le permite al Gobierno expropiar rápidamente los bancos en dificultades.
Amparado en esa misma suspensión de derechos constitucionales, el Gobierno ordenó el miércoles el allanamiento y detención de civiles y militares con el pretexto de una presunta conspiración golpista. En pocas horas, los organismos de inteligencia (DIM) y Disip, (Policía Política) detuvieron e interrogaron por espacio de seis horas al general Carlos Santiago, Ramírez, al banquero y propietario de cadenas de radio Orlando Castro, al escritor Ignacio Quintana, al político Manuel Quijada y a los empresarios Vinicio y Parsifal de Sola. El ministro de Defensa, Rafael Montero, aseguró que el plan desestabilizador ha sido abortado.
La oposición ha criticado con dureza el comportamiento del presidente Caldera durante la crisis, le acusa de esconderse en su torre de marfil (Palacio de Miraflores), donde le gusta emplear el tiempo en el juego del dominó. Le culpan de la pérdida de 4.000 millones de dólares en las reservas, el coste del aplazamiento.
Caldera es prisionero de su propia plataforma política. Para ganar su segunda presidencia, con el 34% de los votos, Caldera contó con la ayuda del chiripero (cucarachas pequeñas), una agrupación de 14 partidos minoritarios llamada Convergencia, donde socialistas, derechistas, populistas y copeyanos (democristianos) disidentes van y vienen al son que les toquen. Esta convergencia tiene razón de ser mientras Caldera esté en el poder. Sin mayoría en el Parlamento, en el que siguen dominando Acción Democrática y Copei, Caldera gobierna con poderes extraordinarios aprobados por un Congreso que evita hacer demasiada oposición porque sabe que pende sobre él, si obstaculiza su gestión, la amenaza de una disolución, de otro fujimorazo.
CAP o la 'mano negra'
Cuando el presidente Rafael Caldera suspendió parte de las liberta desconstitucionales e impuso el férreo control del cambio y de los precios, argumentó que la crisis bancaria y financiera que vive el país "no fue provocada por su Gobierno". Carlos Andrés Pérez, de 71 años, su predecesor, preso en una celda del retén del Junquito, debió de sentir un escalo frío. Junto a las acusaciones de corrupción, a las que deberá hacer frente ante los jueces, surgen ahora otras menos precisas, con las que él actual Gobierno parace querer eludir sus responsabilidades actuales.Las alusiones de Caldera no han sido nuevas ni gratuitas. Desde que Carlos Andrés Pérez fue destituido como presidente a finales de mayo de 1993, le han atribuido todos los males ocurridos en el país en los últimos meses: terrorismo bancario, explosión de bombas en los centros comerciales y múltiples disturbios estudiantiles.
"Hay una mano negra detrás de estas manifestaciones", ha dicho reiteradamente el fiscal que le llevó a la cárcel, Ramón Escovar Salom, ahora ministro del Interior. Escovar se salió diplomáticamente por la tangente cuando este diario le preguntó si Carlos Andrés Pérez era esa mano negra y si Venezuela podía ahora respirar tranquila estando el preso.
Cuando Carlos Andrés Pérez abandonó el poder pronosticó ufano que detrás de él vendría el diluvio y el caos. Se quedó corto, dicen las malas lenguas. Un año después asegura: "Yo no guardo rencores", pero nadie cree a este ilustre preso número 368 del penal del Junquito.
Pero a CAP, como se le conoce por las iniciales de su nombre, no le debe quedar mucho tiempo libre para maquinar conspiraciones contra su sucesor. Su enjuiciamiento por presunta malversación de 250 millones de bolívares (17 millones de dólares al cambio de 1989) de los fondos reservados es largo y complejo judicialmente. Pérez parece apostar a que saldrá triunfante, quizá en hombros, de la cárcel, pues están en juego 50 años de liderazgo político tercermundista, que no los puede borrar, en su opinión, una sentencia condenatoria por haber ayudado a las democracias de Centroamérica.
Sus abogados, que manejan el expediente de 10.000 folios, creen que Pérez saldrá absuelto, pero el juicio puede complicarse si la Corte Suprema de Justicia termina por añadirle la otra demanda por las cuentas bancarias secretas que tiene con su amante, Cecilia Matos, en Suiza.