El edil de Hacienda paga 'in extremis' a deuda histórica sin explicar cómo

Fernando López Amor, concejal de Hacienda de Madrid, saldó el jueves la deuda municipal más urgente. El edil firmó un cheque por 200 millones de pesetas para cumplir la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar por una antigua expropiación. La rúbrica de López Amor llegó un día antes de la fecha límite fijada por los tribunales para que el consistorio acatara el fallo. El abono de los 200 millones permite al gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, salvar su cargo. El impago de la deuda hubiera ocasionado la inhabilitación de Areitio por un periodo de seis a doce años, al ser el máximo r...

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Fernando López Amor, concejal de Hacienda de Madrid, saldó el jueves la deuda municipal más urgente. El edil firmó un cheque por 200 millones de pesetas para cumplir la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar por una antigua expropiación. La rúbrica de López Amor llegó un día antes de la fecha límite fijada por los tribunales para que el consistorio acatara el fallo. El abono de los 200 millones permite al gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, salvar su cargo. El impago de la deuda hubiera ocasionado la inhabilitación de Areitio por un periodo de seis a doce años, al ser el máximo responsable del departamento que ejecutó la expropiación, según establece el artículo 369 del Código Penal.López Amor aseguró ayer que no había resuelto antes la amenaza judicial porque desconocía la sentencia. "Sólo tuve información del fallo cuando salió en el periódico", aseguró. EL PAÍS adelantó la noticia el 5 de junio pasado. El titular de Hacienda no quiso explicar ayer de dónde había sacado el dinero para liquidar la deuda. El presupuesto de la Gerencia de Urbanismo dispone de 225 millones para gastos jurídicos en general. Esta partida permitiría resolver las necesidades municipales. Si López Amor hubiera tomado el dinero de otra concejalía, como servicios sociales, obras o cultura, tendría que haber solicitado permiso al pleno. Para mover dinero de un área municipal a otra es necesaria una modificación presupuestaria que debe ser votada en sesión plenaria.

Tras el pago in extremis de esta deuda histórica el Ayuntamiento debe abonar otros 11.000 millones de pesetas por sentencias incumplidas.

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Urbanismo quiere pagar con suelo municipal los 11.000 millones que adeuda

El secretario general del Ayuntamiento selecciona las sentencias que hay que cumplir urgentemente

VIENE DE LA PÁGINA 1La celeridad con la que el PP ha conseguido los 200 millones para librarse de la amenaza judicial contrasta con la "penuria económica" que, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos López Collado, atraviesa el Ayuntamiento. "La asfixia financiera nos ha impedido publicar el bando de carga y descarga en los periódicos o poner anuncios en radio y televisión para informar a los afectados", indicó hace días el edil.

Por su parte, López Amor argumentó ayer que en muchas ocasiones el departamento municipal que recibe las sentencias no traslada su contenido a otras áreas, como la de Hacienda, cuya intervención va a ser necesaria. El problema retrasó el pago de la deuda. "Pero, en cualquier caso, este Ayuntamiento actúa con el principio de acatar las sentencias", recalcó.

El edil de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, se mostró ayer aliviado al conocer que la primera amenaza judicial se había desactivado con un talón de 200 millones de pesetas.

Su principal colaborador, Pedro Areitio, consiguió salvar con algún apuro su sillón de gerente. Echeverría no quiso opinar sobre las declaraciones de su compañero López Amor: "Prefiero el silencio. Las relaciones con Hacienda siempre son difíciles".

Luis María Huete, primer teniente de alcalde y jefe de los juristas municipales, afirmó ayer que López Amor conocía las sentencias que obligaban a pagar al Ayuntamiento. "Debido a las numerosos fallos judiciales que afectan al municipio, es posible que el concejal de Hacienda ignorara el detalle exacto de esta sentencia", explicó Huete.

Pago en especie

La cascada de acreedores descontentos que el Ayuntamiento tiene intentarán cobrar su dinero en los próximos meses. Numerosas sentencias firmes -algunas correspondientes a expropiaciones aprobadas en 1,971 para construir la M-30- aguardan todavía su cumplimiento.

El municipio debe más de 10.000 millones a vecinos que perdieron sus predios y reclamaron una recompensa superior a la que recibieron.

"Tenemos dos alternativas para resolver este problema. La primera consiste en el pago en especie: a los afectados por una expropiación no pagada les abonamos su deuda en metros cuadrados de suelo. El segundo tendría que ejecutarlo la concejalía de Hacienda si los propietarios sólo quieren dinero", explica Echeverría. "Nuestro departamento no dispone de presupuesto para el pago de las indemnizaciones que ordenan los jueces en las sentencias contrarias al Ayuntamiento".

El edil de Urbanismo ha decidido enviar todos los fallos judiciales contra el municipio a su compañero de gobierno Luis María Huete. Los abogados del Ayuntamiento, cuyo departamento dirige Huete, analizarán si las sentencias pueden ser recurridas o si. hay que pagarlas urgentemente.

"Dentro de 12 días tendremos un informe completo sobre todas las sentencias", contesta Huete. "El secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, se ha encargado personalmente de este asunto".

¿Por qué liquida sus deudas con tanto retraso el Ayuntamiento de Madrid?, preguntó este periódico al primer teniente de alcalde. "Aquí los trámites siempre son muy lentos. Las notificaciones judiciales llegan tarde, tiene que estudiarlas el departamento jurídico y luego el pleno aprueba que se recurra la sentencia o que se cumpla. La reforma de la Administración local solucionaría el problema", contestó Huete.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, también está amenazado por una sentencia incumplida. Un juez le advirtió hace seis meses como principal responsable municipal que si no abonaba una indemnización pendiente de 80 millones de pesetas incurriría en delito de desobediencia. Los perjudicados han pedido que se procese al regidor.

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