Los consumidores pagarán a través de los recibos eléctricos los 730.000 millones del parón nuclear

La paralización definitiva de las cinco centrales nucleares que estaban en moratoria (Lemóniz 1 y 2, Valdecaballeros 1 y 2 y Trillo 2) acarreará un coste de 729.309 millones de pesetas. Éstas son las estimaciones del Ministerio de Industria adelantadas ayer por su titular, Juan Manuel Eguiagaray, durante la presentación oficial de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico, que el Gobierno aprobó el viernes. La citada cantidad responde a las inversiones reconocidas en la construcción de las centrales hasta que se decretó su moratoria, y se costeará con el 3,54% de lo que los consumidores españo...

La paralización definitiva de las cinco centrales nucleares que estaban en moratoria (Lemóniz 1 y 2, Valdecaballeros 1 y 2 y Trillo 2) acarreará un coste de 729.309 millones de pesetas. Éstas son las estimaciones del Ministerio de Industria adelantadas ayer por su titular, Juan Manuel Eguiagaray, durante la presentación oficial de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico, que el Gobierno aprobó el viernes. La citada cantidad responde a las inversiones reconocidas en la construcción de las centrales hasta que se decretó su moratoria, y se costeará con el 3,54% de lo que los consumidores españoles pagan por la electricidad anualmente durante un periodo máximo de 25 años.

Juan Manuel Eguiagaray destacó que la paralización definitiva de las nucleares no supondrá ningún sobrecoste en la tarifa sobre el previsto, ya que el 3,54% ya se viene tomando de la tarifa desde que los cinco grupos nucleares entraron en moratoria en 1984. Según la Ley, está previsto que este año se destinen al saneamiento 69.000 millones y que cada año esa cifra crezca un 2%. En cualquier caso, lo que sí se puede decir es que los usuarios están soportando la decisión de construir nucleares sin freno que proviene del franquismo y la de rechazar esa energía en 1984. No obstante, el 35% de la ener gía que se produce en España es nuclear.El coste total es el estimado a finales del presente año, para cuando se espera que la Ley Eléctrica sea aprobada por el Parlamento. Los 729.309 millones reconocidos por la Administración irán a parar a las compañías que hicieron la construcción. Así, Iberdrola recibirá 378.238 millones por los dos grupos de Lemóniz; Sevillana e Iberdrola, al 50%, obtendrán 340.054 millones por Valdecaballeros, mientras que por Trillo 2, Unión Fenosa (60%) y ENDESA (40%) lograrán 11.017 millones.

Las empresas habían anotado en sus balances una inversión superior a la reconocida por la Administración, por lo que las cantidades que superan a las antes citadas deberán ser cubiertas con otros recursos distintos a la tarifa. La que en peor situación está es Sevillana, cuyo desfase es de 88.000 millones sobre la deuda reconocida. Iberdrola ha ido ajustando la deuda a la reconocida y apenas tiene desfase.

Para cubrir el agujero, Sevillana y ENDESA -su principal accionista con el 33,47%- están negociando que esta entidad amplíe su participación con el fin de inyectar dinero fresco a Sevillana, que también recurriría a sus reservas para cubrir el desfase. El BBV, que tiene el 10% de la compañía andaluza, también podría participar. Ayer Eguiagaray no sólo confirmó las negociaciones, sino que aseguró que apoyará los acuerdos entre las dos eléctricas. "ENDESA tendrá que hacer un esfuerzo por ayudar a Sevillana", reconoció el ministro.

Eguiagaray subrayó que la ley "va dirigida a los consumidores y está al servicio de la competitividad'', además de ayudar al saneamiento y estabilidad financiera de las empresas". En ese sentido, recalcó que el aumento de la competitividad va a redundar en la reducción progresiva de la tarifa eléctrica.

El ministro, que hizo una pormenorizada exposición de la Ley, destacó la introducción de un sistema independiente junto al integrado. Este obliga a garantizar el suministro a los usuarios con una tarifa máxima y única para todo el país. El sistema independiente permite que se incorporen nuevos productores y que puedan contratar directamente sin obligación de verter su energía a la red general. La adjudicación de nuevas construcciones se hará mediante concurso. Además, el sistema permitirá la posibilidad de imponer sanciones si la calidad es menor.

Esta labor le corresponderá a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), que tendrá un presidente y seis vocales como máximo. Al CSEN también le corresponde la regulación, el arbitraje, las reclamaciones, la inspección... Contará con una comisión consultiva en la que estarán empresas, comunidades autónomas y usuarios.

La Ley obliga a separar los negocios de producción y distribución. Ello obliga a las eléctricas a crear filiales y, según el ministro, "las empresas se hallan ya en la tarea".