El mejor 'reality show'

La comisión Roldán pasará a la historia del Congreso de los Diputados por haber sido la primera en haber. generado importantes consecuencias jurídicas y políticas antes de redactar su dictamen final: las comisiones de investigación -hasta ahora secretas- podrán ser abiertas y tendrán acceso a datos confidenciales sobre los ingresos y patrimonio de los altos cargos.Sin embargo, estas conquistas no se han alcanzado sin generar tensiones y levantar dudas sobre el doble proceso, judicial y político, al que pueden verse sometidos algunos ciudadanos. Ello sin hablar de las flagrantes v...

La comisión Roldán pasará a la historia del Congreso de los Diputados por haber sido la primera en haber. generado importantes consecuencias jurídicas y políticas antes de redactar su dictamen final: las comisiones de investigación -hasta ahora secretas- podrán ser abiertas y tendrán acceso a datos confidenciales sobre los ingresos y patrimonio de los altos cargos.Sin embargo, estas conquistas no se han alcanzado sin generar tensiones y levantar dudas sobre el doble proceso, judicial y político, al que pueden verse sometidos algunos ciudadanos. Ello sin hablar de las flagrantes violaciones del secreto de la comisión, que ha generado la. protesta de algunos de los testigos y el malestar del propio presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons.

"Se ha producido un estado de opinión sobre la infracción del deber de guardar secreto, no sólo por lo llamativo que ha sido el ver cómo se producía la información de las actividades de la comisión, sino porque esas filtraciones afectaban a derechos de personas que han comparecido. El Congreso no puede admitir que de resultas de la actividad parlamentaria alguien pueda alegar indefensión en la protección de sus derechos", señalaba Pons a una pregunta de este diario.

La paradoja es que estas filtraciones hicieron saltar por los aires el carácter secreto de las comisiones, ante el convencimiento de la mayoría de los grupos, parlamentarios de que era mejor la luz que las versiones interesadas filtradas a unos medios que competían por abastecer una hambrienta demanda social de información.

El presidente de la comisión, Josep López de Lerma, de Covergència i Unió, considera que sobre filtraciones no se puede imputar a los comisionados de la Roldán más de lo que se puede imputar a los comisionados de otras comisiones anteriores. "Yo me acuerdo", afirma López de Lerma, "que la primera investigación que se puso en marcha en el Parlamento fue sobre Televisión Española, y no quiero dar el nombre de quién daba ruedas de prensa en el seno de la propia comisión", añade López de Lerma, quien reconoce, sin embargo, que algunas informaciones no eran ciertas, lo que considera "lamentable".

Pero los reparos jurídicos ante comisiones de investigación como la Roldán o la comisión Rubio, que ahora comienza, son de mayor calado. En opinión de un magistrado como Perfecto Andrés, de Jueces para la Democracia, "aquí se ha pasado sin solución de continuidad de un nada que investigar a la desordenada yuxtaposición de momentos de fiscalización, eso sí, sobre dos únicos asuntos y, además, sólo en lo que puedan tener de criminalmente relevante. Es decir, justo lo que es competencia exclusiva de la jurisdicción".

En casos como el de Roldán o Rubio, opina el magistrado, "una vez constatados indicios de criminalidad, el camino de los investigadores tendría que bifurcarse: a la jurisdicción, lo que es suyo, y a las comisiones de investigación, la tarea de profundizar en las causas políticas de semejante explosión de miseria en el corazón de las instituciones". Abogados como Gonzalo Casado, que se ocupó de la defensa de Luis Roldán hasta que éste desapareció, considera, al margen de ese caso concreto, que debe darse "primacia a la función jurisdiccional".

Rodrigo Rato, presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, considera, positivo el balance de la comisión Roldán, aunque no deja de ver otros aspectos negativos. "La experiencia negativa es que la Cámara ha tenido que suplir la falta de diligencia de instrumentos del Estado, como la Fiscalía General del Estado, o la actuación de la Inspección de Hacienda o del propio Ministerio del Interior, que han quedado en entredicho. En este sentido, la comisión ha tenido que hacer una investigación que le hubiera correspondido realizar a otras instituciones del Estado".

El aspecto positivo, en su opinión, es que la comisión "ha demostrado que es falso pretender limitar las comisiones de investigación a temas que no estén sub judice o que sean motivo de actuación judicial., Claramente, ésa es una decisión imposible de mantener y tendremos que ver, caso por caso, y en función de los criterios de la Mesa de la Cámara si existe algún tipo de situación por fricción entre un determinado poder judicial y una investigación parlamentaria. Pero parece ya imposible de plantear que las comisiones parlamentarias no puedan conocer de asuntos que se encuentran en los tribunales".

Desde el PSOE la valoración de los trabajos de la comisión y los cambios normativos que ha generado, son positivos. Álvaro Cuesta, del PSOE y miembro de la comisión, destaca que las excepciones previstas al carácter abierto de las futuras comisiones de investigación son importantes. "Las comisiones no serán abiertas cuando, por razones políticas o de garantías, así lo acuerde mayoritariamente; tampoco lo será cuando haya que proteger el honor, la intimidad o el secreto profesional de los propios comparecientes o cuando la declaración afecte a temas que son objeto de materia clasificada. Será también secreta cuando existan sobre los mismos aspectos de las comparecencias actuaciones judiciales declaradas secretas

Pero, sin duda, uno de los más satisfechos por el trabajo realizado en la comisión es Antonio Romero, diputado por Izquierda Unida. "El ambiente de opinión pública era determinante para que ningún grupo se opusiera a dicha comision, y una vez que se crea ya no se le pueden poner cortapisas". En, su opinión, hubo un intento de que se le "cortara la cabeza a Roldán, pero de que se le aislara en una especie de saco de plástico para que no salpicara hacia arriba o hacia abajo".

Todas las partes admiten que las investigaciones parlamentarias y judiciales tienen fines completamente distintos. Unas deben decidir si ha habido o no delito; las otras, si ha habido o no responsabilidad política. En teoría, no tienen por qué mezclarse, ya que puede haber responsabilidad política sin delito y delitos sin responsabilidad política. Pero en esta era de los reality shows, de la política mediática, todas las tentaciones están servidas. Y qué mejor trampolín para algunos que un juicio político televisado en directo.